El Superior Tribunal de Justicia dio lugar a la medida cautelar de no innovar en la cual notifica que el MPA deberá abstenerse de «realizar actos y tomar decisiones que afecten sus derechos laborales y que modifiquen la situación de hecho y derecho existente al día ocho de febrero” contra la abogada Agustina Aramayo que padece violencia de género, moobing laboral, violencia obstétrica e institucional y sumario de cesantia en el MPA y quien denunciara al titular en el 2019.
La abogada y funcionaria judicial Agustina Aramayo con el patrocinio legal de la Abogada Claudia González presentaron la medida el martes pasado al STJ, solicitando que se respete y se mantenga la situación laboral hasta el 8 de febrero de 2021. Es decir el día anterior de la notificación al sumario con la sanción de cesantía por realizar publicaciones en su Facebbok personal. Publicaciones que el fiscal Lello y Cussel consideran que Aramayo cometió una “falta grave” de respecto al fiscal y al MPA.
Transcurrió una semana de aquella conferencia de prensa de los trece fiscales del MPA quienes revictimizaron a Agustina Aramayo desconociendo las diferentes acciones penales que están presentadas en la justicia jujeña contra el fiscal General Lello Sánchez y Diego Cussel.
El extenso escrito del STJ relata los hechos denunciados por Aramayo y sostiene que “«para el establecimiento de medidas como la que nos ocupa deben converger, al menos, dos requisitos: la verosimilitud del derecho que se dice conculcado y el irreparable perjuicio que importaría la demora del trámite del juicio principal«
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Considera «que a primera vista se encuentran acreditados los extremos legales requeridos», «razón para suspender las actuaciones administrativas por parte del Ministerio Público de la Acusación contra la Sra Agustina Daniela Aramayo, impidiéndosele de esta forma la valoración de conductas y en consecuencia la aplicación de sanciones disciplinarias. Ello en virtud de resguardar garantías constitucionales (…)
Además está semana abogadas realizaron una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados de Jujuy en el salón que fuera usado por los fiscales del MPA. Allí las mujeres fueron contundente con el apoyo a Aramayo y dieron cuenta de la crisis judicial que atraviesa la provincia productos de la violencia de género.
“Necesitamos urgente justicia con perspectiva de género, aplicación efectiva de la Ley Micaela, concursos públicos de oposición y antecedentes transparentes para ocupar las fiscalías, paridad de género en los cargos públicos y garantías de independencia e imparcialidad” exigieron las abogadas..
En tanto que la Asociación de Abogados abogadas de Jujuy en un documento resaltando que esa conferencia de fiscales se trató de una maniobra “obediente y corporativa defensa a su Fiscal General Dr. Sergio Lello Sánchez”.
Subrayaron que la “gravedad de los hechos” se debe a que estos fiscales tienen “la obligación de cumplir elevados estándares de debida diligencia en la prevención e investigación exigible en los casos de violencia de género, cala profundo en nuestro Estado de Derecho Constitucional. Puesto que no solamente expone de una manera feroz aquel sistema de justicia misógino, dispuesto a seguir oprimiendo y revictimizando, sino que también despliega en forma ostentosa una naturalización brutal de la violencia, en un espacio institucional que protege y encubre a sus agresores. Así, una vez más, toca enfrentar la injusticia y el ultraje del Estado ante el abuso de poder, dejando en evidencia la falta de idoneidad de operadores judiciales, aunque públicamente presuman estar formados e informados sobre perspectiva de género”.