JUJUY

Por un proyecto inmobiliario

Familias de los Perilagos denuncian que el estado provincial busca el despojo y desconoce sus derechos

Continúan las presentaciones en la justicia. Esta semana el estado provincial deberá contestar el ofrecimiento de pruebas y la demanda.

Familias de los Perilagos denuncian que el estado provincial busca el despojo y desconoce sus derechos

Las familias campesinas tuvieron una nueva jornada en la justicia para defender sus derechos, presentaron pruebas ante la demanda del Estado provincial que las acusa de “usurpadoras” de las tierras de los Perilagos. Sostienen que el estado provincial desconoce sus derechos y avanza con el loteo de la zona, para un negocio inmobiliario que fue denunciado desde la sanción 6049.

Esta ley no se puede implementar porque no tiene una reglamentación, las familias han cuestionado la inconstitucionalidad por el avance que implica y la afectación al medio ambiente que representa la urbanización en esa zona, pulmón verde de la provincia, alterando la flora, la fauna el boque nativo y el agua.

“El gobierno no puede avanzar entonces recurre a la denuncia a las familias campesinas cuestionando sus derechos posesorios tratándolos como poseedores ilegítimos, acusándolos en su ejercicio propio de sus derechos su forma de vida que llevan hace cuatro generaciones. Para el estado es una afrenta y los denuncia” explicó la abogada Paula Álvarez Carreras.

Así también agregó que “venimos a contestar la demanda, presentar pruebas, ofrecer testigos y ofrecer constancia que el estado provincial no puede desconocer hoy la existencia de estas familias. Hay constancias documentales de trámites administrativos y expedientes del Instituto de Colonización que dan cuenta que estas familias tienen registro de marcas y señales del SENASA con anterioridad de lo que hoy es la Agencia Desarrollo Sustentable de Los Diques que es el órgano que busca implementar la urbanización de esa zona”.

Es decir, es la Agencia de Desarrollo creada por el estado provincial con el fin de urbanizar el programa de desarrollo inmobiliario en la zona. El estado busca el despojo de las familias, desconociendo sus derechos, actuando fuera de la legalidad cuando tiene una deuda histórica con estas familias, que deberían tener resuelta la situación dominial con más de 70 años en la zona.

“Lo que está legislado en la Ley de agricultura familiar, en la resolución de la ONU que reconoce los derechos campesinos indígenas de aplicar la ley. El estado desconoce la normativa y toma otra vía corriendo a las familias para un negocio inmobiliario” reiteró la abogada.

Esta semana el estado provincial deberá contestar el ofrecimiento de pruebas y la demanda con posterioridad se fijará una audiencia para declaración de testigos. El juzgado deberá solicitar las pruebas de ambas partes en el expediente.

 Cabe recordar un expediente de un amparo de las familias en contra de la ley 6049, no tiene sentencia firme y recurrirán a la Corte Suprema. “Es fundamental ese expediente para fundamentar la forma de vida de las familias campesinas y como el desarrollo inmobiliario afecta a la comunidad”

A esta lucha se sumaron varias organizaciones principalmente el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) que las familias denunciadas son parte. El Estado debe respetar y reconocer los derechos, la tierra es de quien la trabaja, la relación de las familias campesinas con el territorio y es un ejemplo que debería ser reconocido y no perseguido por el estado.

Marina Durán, es una de las poseedoras de un predio del paraje Las Urracas, departamento El Carmen y zona de Los Perilagos e integra la organización campesina de Los Perilagos que defiende las tierras que el gobierno busca avasallar.

“Tuvimos una denuncia por el intendente de Los Diques porque quiere desalojarnos y nos toma como usurpadores. Vivo desde la década del 40 con mis padres siempre dedicados a la ganadería y agricultura; después por varias razones ya no se hace agricultura en esa zona, pero si ganadería. Siempre para el sustento familiar. Se vendía animales, maíz para pagar mercadería de los almacenes, mercadería, útiles”, relató.

Las familias denunciadas sostienen que el estado avasalla derechos y los persigue para apropiarse de las tierras. “El gobierno de Morales por intermedio de su gente hizo el loteo para la venta. La Constitución Nacional dice que las tierras fiscales son inembargables, pero el gobierno de un plumazo quiere adueñarse. Ellos avasallan una ley madre, el loteo abarca un porcentaje de lo que tengo. Hemos cuidado siempre la flora y la fauna porque hemos protegido esa zona y ahora el gobierno nos toma como usurpadores”.