OPINIÓN

Doble Moral(es) en Jujuy, donde la igualdad ante la ley es inexistente

Florencia Tittarelli y Marcos Chigal Integrantes de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos

Foto: Prensa Jujuy
Foto: Prensa Jujuy

No es una novedad que en la provincia de Jujuy se violan sistemáticamente derechos humanos. Tampoco lo es que tergiversan nuestro plexo normativo, desoyen criterios jurisprudenciales que han sido grandes conquistas y se bastardea el funcionamiento de la propia democracia para forzar una legalidad que, aunque insistan, lejos está de serlo. Con medidas como las que han tomado entre el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y el gobernador Gerardo Morales, se continúa profundizando en nuestro país la concentración y la extranjerización de la economía, la desigualdad y la persecución.

 

La ley 27.350 establece claramente que el Estado Nacional llevará adelante la producción pública de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación, a través de los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos nucleados en ANLAP. Nada de esto ocurrirá en Jujuy. Gerardo Morales firmó un memorándum de entendimiento y cooperación con laboratorios y empresarios extranjeros para la producción lucrativa de cannabis.

 

Con menos de mil pesos por día designados por el Presupuesto 2019 para ejecutar el “Programa Nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales” y bajo la órbita de un Ministerio de Salud que ya no tenemos desde septiembre de 2018, Jujuy tomó la propuesta de adhesión a la ley 27.350 y creó con el decreto provincial 6022/18 el “Programa Provincial de cultivo y producción de cannabis con fines científicos, medicinales y terapéuticos” para dedicarse a hacer un gran negocio, con un predio estatal en manos de la empresa privada de su hijo y con capitales extranjeros que se quedarán, con no menos del 70% de las ganancias.

 

Tendremos en Argentina la mayor plantación de marihuana del mundo, conducida por Gastón Morales, el hijo del Gobernador que dirige una Sociedad Estatal creada en tiempo récord y denominada “Cannabis Avatara”. La misma obtuvo autorización de las autoridades nacionales para explotar marihuana en la Finca el Pongo de forma conjunta con Player’s Network Inc., controlante de la empresa Green Leaf Farms International, de capitales norteamericanos. El destino de la producción no es claro, y aparentemente ni siquiera será destinada a abastecer el mercado local de personas que precisan de la sustancia para paliar sus dolores, enfermedades o patologías.

 

La empresa socia del Estado Jujeño, Green Leaf Farms, hace días, expresó en un comunicado que: “Esta empresa conjunta ha obtenido los permisos para cultivar, extraer, fabricar y exportar productos a base de cannabis a otros países donde dichos productos son legales… Los productos que se producirán en virtud del acuerdo (en el caso, con Jujuy) incluyen: cáñamo industrial, marihuana medicinal y adulta para exportar a los Estados Unidos, Canadá y mercados internacionales emergentes. Como se ve, la empresa pretende utilizar lo producido en la provincia a partir de este acuerdo, con fines, además del medicinal, absolutamente distintos al mismo, lo cual resultaría a la luz de la legislación actual y vigente en nuestro país, absoluta y abiertamente ilegal.

 

Es evidente que el proyecto no tiene nada que ver con la democratización del acceso a la planta de cannabis y derivados y mucho menos con una cuestión de salud pública. La ley 27.350, como hemos dicho, fue sancionada para regular la investigación y el uso de cannabis con fines terapéuticos, garantizando finalmente el acceso gratuito de sus derivados a toda persona que se incorpore al programa de investigación; pero bajo ningún aspecto habla de su comercialización, como sucederá con la sociedad creada por Morales, que contempla la posibilidad de producir, explotar y claramente comercializar el aceite de cannabis a escala nacional e incluso internacional.

 

Del otro lado de la reja, la realidad. En el pasado mes de marzo, la Sala I de la Cámara Federal de Salta, resolvió en un Recurso de Apelación interpuesto por el Fiscal Federal Nº 1 de la Provincia de Jujuy, procesar a Alejandro David Gareca, en orden al delito de Siembra y Cultivo de plantas previsto y reprimido en el art. 5 inc. “a” de la ley de Estupefacientes Nº 23.737. Para ello se basó pura y exclusivamente en la existencia de plantas de cannabis en poder del nombrado -en total 41-, sin tomar en cuenta que el cultivo de las mismas tenía un destino medicinal; o sea, una finalidad solidaria que buscaba proteger la salud pública, habida cuenta que el aceite producido era distribuido gratuitamente entre familiares de niños/as con diversas patologías (epilepsia, autismo, parálisis cerebral).

 

Tal situación, por el contrario, si había sido considerada por el Juez de Instrucción al momento de resolver la Falta de Mérito de Gareca por el mismo hecho, argumentando que no se había acreditado que su conducta estuviera direccionada a promover, favorecer o facilitar el tráfico de estupefacientes, sino que habría buscado con su actividad, la provisión gratuita de aceite de cannabis a aquellos/as pacientes que en la actualidad no lo pueden recibir pese a la sanción de la ley 27.350 y a la obligación incumplida del Estado de proveerles el mismo.

 

Fallos como los adoptados por la Cámara Federal no hacen más que negar la realidad que se viene presentando a lo largo y ancho del país, es decir, la existencia de personas que, ante la absoluta pasividad estatal que incumple sistemáticamente con la Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, a más de dos años de su sanción, buscan en reemplazo de ello un paliativo para personas que presentan patologías cuyos efectos son atenuados gracias a los aceites elaborados a partir del cultivo propio de la planta. En el caso concreto de Gareca, desarrollaba sus aceites de forma transparente y sin ánimos de comercio, contando para ello con la autorización del Decano de la Facultad de Ingeniería, Ing. Gustavo Lores, y el aval de la profesora Carmen Viturro, y utilizando las instalaciones del laboratorio de la Universidad Nacional de Jujuy para su elaboración.

 

La doble moral estatal. Entonces, por un lado tenemos a una persona que de manera solidaria y a partir de un cultivo propio decidió elaborar aceite de cannabis en los laboratorios de la Universidad Nacional de Jujuy, con la autorización pertinente, para luego repartirlo gratuitamente entre las personas de su comunidad que la necesitan y no tienen manera de acceder a la misma. Mientras que por el otro, aparece una sociedad mixta que cuenta con una graciosa y expedita autorización de las autoridades nacionales para la explotación y elaboración del mismo aceite, con fines lucrativos y una producción aparentemente direccionada a un mercado internacional, sin respetar la ley y con altas posibilidades de incurrir en delitos penales en caso de proseguir con ello. Tal es así, que recientemente se presentó una denuncia penal ante el fuero federal para que se investiguen tales irregularidades, tanto de las autoridades locales como nacionales. 

 

Por el momento, al primer caso se le respondió con la máxima expresión del poder punitivo: la amenaza de una pena que va de los 4 a los 15 años de prisión; es decir, criminalización, sometimiento a un largo y tedioso proceso penal y el estigma que este genera. En tanto que al segundo caso, se lo premia habilitándolo para esta explotación comercial y los anuncios grandilocuentes los hace el gobernador Morales por medios locales y nacionales con total y aparente impunidad. El retiro de cobertura política, que siempre llega, los encontrará con un abultado número de delitos penales que afrontar y la responsabilidad del Estado Argentino ante el eventual incumplimiento del régimen internacional de fiscalización de estupefacientes.   

 

Estas respuestas contradictorias desde el Estado se deben primordialmente a la existencia de una legislación ambigua sobre el tema (legalidad vs ilegalidad) y a una marcada decisión política de que así sea. Ello permite discrecionalmente al poder judicial y político de turno, decidir quién se encuentra en aparente cumplimiento o infracción de la ley. Las apariencias engañan, como hemos visto. 

 

Hasta tanto no se armonicen las leyes y se permita el acceso verdaderamente democrático al aceite de cannabis y sus derivados, autocultivo mediante, lamentablemente seguiremos viendo casos como el de David y el de tantos/as otros/as que altruistamente buscan mejorar la calidad de vida de las personas, sin dañar a nadie y sin lucrar con el dolor ajeno.