*Por Daniela Jaled, referente Patria Grande Jujuy
Las designaciones aprobadas ayer por la Legislatura para cubrir cargos en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy volvieron a evidenciar un problema que atraviesa décadas: en nuestra provincia, el Poder Judicial se ha convertido en un espacio donde la política partidaria decide, interviene y ordena. Y cuando el máximo tribunal se construye en base a acuerdos coyunturales y no mediante procedimientos transparentes, lo que se resiente no es solo la independencia judicial, sino la confianza pública en todo el sistema democrático.
Jujuy necesita discutir seriamente cómo se eligen, cuánto duran y a quién responden quienes integran el tribunal más importante del Poder Judicial provincial. Porque lo que quedó claro ayer es que el sistema actual —cerrado, discrecional y sin participación ciudadana— ha llegado a un límite.
Un Poder Judicial que no logra sostener legitimidad social
El descreimiento de la ciudadanía en la Justicia no es un fenómeno nuevo, pero sí se profundiza cada vez que la Legislatura consagra designaciones decididas de antemano, sin concursos, sin audiencias públicas reales y sin control social. La independencia del Poder Judicial no se garantiza solo con discursos: se construye con reglas claras, instituciones robustas y mecanismos que eviten que los jueces dependan de los mismos actores políticos a quienes luego deben controlar.
En Jujuy, ese equilibrio está roto. Y ningún diseño institucional puede funcionar cuando la ciudadanía percibe —con razón— que el Superior Tribunal responde más a las necesidades del poder político que al mandato constitucional.
El falso debate sobre la “neutralidad”: los jueces tienen ideas, pero deben tener independencia
Decir que los jueces tienen inclinaciones políticas no es ni una novedad ni un problema. Somos personas, nadie nace neutro y nadie piensa por fuera de su contexto. El desafío no es exigir que los jueces no tengan ideas: el desafío es garantizar que el poder político no condicione ni sus nombramientos ni su permanencia ni sus decisiones.
En los últimos treinta años, en Argentina y en muchas provincias, se naturalizó el recorrido inverso: tribunales superiores integrados por exfuncionarios, exlegisladores o dirigentes de los mismos partidos que luego deben controlar. Esa cercanía política no invalida a una persona, pero sí cuestiona un sistema cuando se repite como regla y no como excepción.
La Justicia necesita independencia, no asepsia ideológica. Y para eso necesita procedimientos que la blinden de interferencias.
Permanencia indefinida y falta de control ciudadano: un modelo agotado
Uno de los grandes problemas estructurales es la duración de los mandatos. Los cargos vitalicios o indefinidos generan un poder concentrado, poco transparente y prácticamente sin contrapesos democráticos. Ninguna institución moderna funciona con lógica monárquica.
Un tribunal que decide sobre constitucionalidad, derechos fundamentales y conflictos entre poderes del Estado no puede sostener su legitimidad si quienes lo integran permanecen indefinidamente, sin evaluación de desempeño, sin control público y sin mecanismos de rendición de cuentas.
Limitar el mandato —a 6, 8 o 10 años— no debilita la estabilidad judicial: la ordena y la vuelve más democrática.
Hacia un nuevo sistema de selección: participación, transparencia y reglas constitucionales
La discusión de fondo que Jujuy debe darse en serio es la del mecanismo de selección de la Corte Suprema de Justicia. La provincia necesita reglas que no dependan del humor político del gobierno de turno, sino que estén establecidas en la Constitución.
Existen múltiples modelos para debatir:
● concursos públicos con auditoría ciudadana,
● órganos de selección independientes,
● o incluso la elección popular de jueces del máximo tribunal, como sostienen algunos sectores.
Cualquiera sea el modelo que se elija, debe cumplir tres condiciones: participación ciudadana, transparencia y estabilidad institucional.
Lo que no puede seguir es un sistema donde las designaciones se definen entre pocos, lejos del escrutinio social y sin someter a quienes aspiran al máximo cargo judicial a procesos de evaluación pública.
El rol de la justicia: control constitucional, no convalidación política
La Corte Suprema ejerce control de constitucionalidad en casos concretos. Esa función es demasiado delicada como para quedar condicionada por la misma política que debe controlar. Los jueces no opinan sobre “la calidad” de una norma ni fijan lineamientos generales; aplican leyes, interpretan la Constitución y deben fundamentar sus decisiones en derecho, no en lealtades partidarias.
Cuando el sistema de selección compromete esa independencia, todo el entramado jurídico se debilita: los fallos pierden legitimidad, la ciudadanía desconfía y el equilibrio entre poderes se rompe.
Una reforma para recuperar la confianza democrática
Las designaciones arbitrarias que vimos ayer no son un error aislado: es el resultado de un modelo que agotó su capacidad de garantizar independencia judicial. Jujuy necesita abrir un proceso de discusión seria, participativa y honesta sobre cómo debe funcionar su máxima institución judicial.
Democratizar el Poder Judicial no significa partidizarlo; significa abrirlo, transparentarlo y someterlo a reglas claras, diseñadas para servir a la ciudadanía y no a los gobiernos de turno.
Si queremos una Justicia creíble, imparcial y cercana a los derechos de las personas, la reforma no puede seguir postergándose. O bien generar un procedimiento de selección que regularice ese proceso.
La Justicia no es una institución abstracta, las sentencias son normas aplicadas de forma concreta a un caso particular, les llegara a todos los habitantes de la Nación por cualquier motivo en cualquier circunstancia sea desde la concepción de un ser humano y hasta después de muerte por eso nadie puede escapar de ella.
Los habitantes no están interiorizados en el funcionamiento del sistema judicial, y en gran proporción se cree que la Justicia no mejora la situación económica o social de la población, sin perjuicio de ello, tener una justicia donde la designación de los Jueces sea distinta a la actual, con participación ciudadana, con organismos lo más independientes posible, estaremos brindando mejor calidad de vida a nuestro pueblo.
Es una obligación ética y moral de los legisladores abrir un debate sobre la democratización de la justicia, trabajando en conjunto, para un Jujuy más humano.
