JUJUY

Comunidades vuelven a repetir “el agua vale más que el litio”

Acceso al agua potable, el derecho vulnerado por la extracción del litio en los salares de la puna jujeña

Tanto las Salinas Grandes como la Laguna de Guayatayoc son áreas protegidas, pese a ello, la industria litífera se ha instalado allí, lo que implica un importante retroceso ambiental en la zona

Acceso al agua potable, el derecho vulnerado por la extracción del litio en los salares de la puna jujeña

 

En la provincia se está llevando adelante una nueva caminata de comunidades originarias en defensa del agua ante el avance de los proyectos mineros en puna y quebrada. El reclamo no es nuevo, ni es capricho solo es defensa de la vida. La ONU reconoce el acceso al agua potable como un derecho humano e insta a los gobiernos a tomar medidas para brindar soluciones a la población.

El debate alrededor del litio y su explotación: el desbalance hídrico que provocaría la extracción del litio en salares de altura y sus efectos sobre la biodiversidad local; y enumera recurrentes fallas en el procedimiento de consulta, que conllevan la violación del derecho indígena.

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La explotación de litio requiere cuidados ambientales, el derroche y contaminación del agua es lo único claro en el desarrollo de estos proyectos. La minería responsable sería beneficioso si la justicia interviniera, garantizando derechos a los sectores involucrados especialmente a las comunidades originarias, sector político y económico.

Ese panorama sería el ideal, pero el real indica que el Agua recurso natural en Wall Street cotiza en bolsa, es el mercado del futuro. Así es considerada y es producto de la escasez del agua en varios países es por ello que los 1233 metros cúbicos tenía el valor de 486,5 dólares, era la cotización en 2020.

El litio es el oro blanco, pero tiene graves consecuencias en la vida humana. Un ejemplo en números es la producción de Orocobre estimada en 17.500 toneladas métricas de carbonato de litio anual. El consumo optimista de agua dulce, 50 metros cúbicos por tonelada. Son 875.000 metros cúbicos de agua por año. Esto significa 344,890 dólares por año en Wall Street.

El Grupo de Acción Climática Jujuy, comprometido con la comunidad detallaron cuatro puntos claves que hacen a la información real y los efectos del litio en el contexto jujeño.

Con la firma de uno de sus responsables, el arquitecto y magíster en Planificación Urbana Roberto Villegas, el grupo, fundado en 2020, se define como "una organización de la sociedad civil formada por profesionales de Jujuy que desarrollaron gestión pública y privada local, provincial, nacional e internacional y que poseen experiencia en cuestiones ambientales y climáticas”. Sus especialidades son: “ingeniería en recursos hídricos, energía sostenible, ingeniería industrial, educación y legislación ambiental, desarrollo urbano y construcción sostenible, capacitación laboral y comunitaria”.

Los salares de la Puna jujeña son ecosistemas frágiles y vulnerables, y aunque están ubicados en áreas protegidas, “la explotación del litio en esas alturas implica un importante retroceso ambiental. Tanto la exploración como la ya iniciada explotación está trayendo aparejados problemas de urgente resolución. Hay denuncias ya de que el caso de la laguna Guayatayoc representa un grave peligro para el ecosistema Puna”. Asimismo, en las llamadas Salinas Grandes “los sondeos realizados por diferentes empresas produjeron la mezcla de agua dulce (elemento vital) con agua salada, lo que pone en serio riesgo la “cosecha de sal” que hacen los comuneros desde tiempos ancestrales respetando los ciclos ecológicos del salar.

Las 33 las comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc que "han presentado recursos de amparo en defensa de sus territorios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por incumplimiento de la consulta previa, libre y efectiva. La respuesta de la Corte fue declararse “incompetente”. Las comunidades entonces elevaron demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Derechos Indígenas de Naciones Unidas". Por ahora las 33 comunidades resisten para proteger su hábitat y sobre todo el agua dulce.

El consumo de agua en “la producción de una sola tonelada de carbonato de litio evapora 2 millones de litros de salmuera (75 % es agua) y, por lo que se conoce, las empresas no realizan pago alguno. La empresa Orocobre, que opera en la cuenca Olaroz-Cauchari, tiene previsto obtener 17.500 toneladas métricas anuales de carbonato de litio de grado batería”. En otro proyecto “las empresas Exar, Lithium Americas y SQM tienen prevista una producción de 25.000 toneladas anuales. Y hay proyecciones para pasar a las 130.000 toneladas en los próximos años”.

Oficinas provinciales y nacionales de minería estiman que deben utilizarse entre 5 y 50 m3 de agua dulce por tonelada de carbonato de litio grado batería producido, de donde se puede inferir “que el consumo de agua dulce anual de cada una es de 87.500 m3 y 115.000 m3 respectivamente” en el primer supuesto, y en caso de volumen mayor de 50 m3, “los consumos anuales de agua dulce se incrementarían a un total de 875.000 m3 y 1.150.000 m3 respectivamente”. Basados en estudios de CLACSO publicados en 2019, surgen por lo menos dos preguntas: “¿Cuál será el impacto del litio en el recurso agua de la Puna? ¿Quedará agua dulce para cultivos y otros usos de los puneños?”

Ese es el panorama para conocer el impacto negativo en una minería irresponsable, las comunidades rechazan la explotación del litio sin que se garantice la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de los derechos indígenas. 

Triángulo litiero

Al conflicto del litio se suma el poder político y judicial, meses atrás quedó conformada la mesa litiera con las provincias de Salta, Catamarca y Jujuy.

Esta Mesa del Litio tiene como objetivo: avanzar en temas como el desarrollo de proveedores locales, formar parte del proyecto de movilidad eléctrica del Gobierno nacional y coordinar normativas entre las tres provincias productoras en conjunto con Nación para impulsar una minería sustentable con enfoque en las comunidades, generando más puestos de trabajo.

Objetivos alejados a la realidad porque tienen una mirada de Nación a las provincias litieras con realidades sociales, económicas políticas muy diferentes.  En Jujuy las comunidades originarias están divididas por la actual ministra de Desarrollo social Natalia Sarapura y actual candidata a diputada nacional de la mano de Gerardo Morales.  Ellos son los mayores vendedores de espejitos a las comunidades, traicionando a sus hermanos para involucrase en los negocios del litio. Avanzaron con la justicia para desalojar comunidades indignas de sus territorios donde se encuentra el oro blanco, para garantizar a los inversores la extracción del litio.

Son las comunidades originarias las que conocen las consecuencias de la contaminación del agua y el por qué de la defensa del agua.   

 

Fuente Pag12 y FARN



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