JUJUY

En el marco de la movilización de hoy

Ante la amenaza de nuevas detenciones, referentes sociales presentaron un amparo judicial

El habeas corpus colectivo preventivo señala que dirigentes temen por su “libertad e integridad física”. Asimismo, consideraron que “la violencia institucional es inusitada y ejercida desde la máxima autoridad estatal”

Ante la amenaza de nuevas detenciones, referentes sociales presentaron un amparo judicial

 

Tal como lo habían adelantado ayer en conferencia de prensa, organizaciones sociales hoy volvieron a las calles para continuar con el reclamo por la liberación de los dirigentes Sebastián Copello y Juan Chorolque, pero, ante la amenaza de nuevas detenciones, referentes sociales presentaron un amparo judicial para resguardar su libertad.

Fueron referentes de distintas agrupaciones -Movimiento Evita, Nuestramérica, CCC, Frente Popular Darío Santillán, entre otras- que presentaron un habeas corpus colectivo preventivo porque “tememos por nuestra libertad e integridad física, al ejercer legítimamente el derecho a protestar en la provincia de Jujuy”, señala el documento.

Con el patrocinio de la abogada Natalia Peñaloza y Luis Hernán Paz, el amparo cuestiona el régimen punitivo que se está llevando a cabo en la provincia contra todo tipo de protesta social que deriva en detenciones de manifestantes.

“En materia de protesta social existen estándares sobre los derechos humanos involucrados, que nos estarían respetando, como así también obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, que no estarían cumpliendo. Es por eso que solicitamos al señor juez que ordene al Ministerio de seguridad, como al Ministerio Público de la Acusación se abstenga de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadores mientras ejercen el legítimo derecho de protestar”, para la jornada de hoy, indica el habeas corpus.

Asimismo, señala “numerosos han sido los procesos de criminalización de dirigentes e integrantes de organizaciones sociales que se iniciaron por participar de protestas sociales” y pone como ejemplo que entre marzo y lo que va de abril “se privó de la libertad a 10 personas por participar de jornadas de lucha y movilización, iniciándose en su contra procesos penales solo por el hecho de ejercer un derecho democrático como es el derecho a protestar”.

Hay que recordar que estas 10 detenciones son producto de la jornada que convocó el Frente de Lucha Piquetero el pasado 3 de marzo con cortes de ruta y caminos para exigir asistencia a los más de 50 merenderos que manejan las organizaciones.

La protesta fue concluida “con una brutal represión, heridos de bala de goma, manifestantes a los que la policía les arrojó piedras y más de 15 detenidos”, expone el documento.

Detallando los sucesivos casos de detenciones, la presentación judicial subraya “percibimos en términos generales que es la Policía, como el gobierno provincial el Departamento Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación” los órganos que “permanentemente utilizan estrategias que incumplen en términos amplios obligaciones básicas en materia de derechos humanos y protesta social, como la obligación de respetar, proteger, facilitar y promover, absteniéndose de impedir y obstaculizar las protestas sociales”.

Misma situación vivida el 1º de abril, cuando Gerardo Morales brindó un discurso en la apertura de sesiones legislativas.

“Ese día, se expuso el malestar producto de una gestión de política de pobreza para muchos; donde los trabajadores jujeños tenemos sueldos de indigencia y pobreza, provincia con 300% de déficit fiscal; con un 88,3% de pérdida salarial y una deuda provincial de 197 mil millones de pesos”, aduce la presentación judicial que, además subraya la diferencia en el trato entre las 2 manifestaciones que hubo “por un lado, se cortaron puentes y calles por parte del gobierno, permitir el libre acceso y protección a quienes iban a aplaudir, y lado por el otro lado, se impidió la libertad de circulación para no dejar que lleguen lo que protestaban”.

Frente a ese contexto, apuntaron “observamos con preocupación la estigmatización y criminalización en el discurso de las autoridades políticas” y señalaron las diversas declaraciones que brindó el gobernador en medios nacionales sobre la decisión de detener a manifestantes.

“La violencia institucional es inusitada y ejercida desde la máxima autoridad estatal”, resaltaron y manifestaron que en Jujuy hay “privaciones de la libertad al margen de lo fijado por el sistema constitucional”, “apartamiento al sistema de garantías penales”, “allanamientos de domicilios en horas de la noche, sin fundamento legal para tal excepcionalidad, uso excesivo de la fuerza, realizados por grupos armados pasando por arriba la intimidad y la honra”; “persecuciones en la vía pública” que amenazan la libertad ambulatoria.

 



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