JUJUY

Buscan frenar el avance sobre la cancha

Caspalá: audiencia y movilización por los desalojos ilegales del gobierno

Mientras que el Ejecutivo se niega a reconocer al territorio como comunitario, integrantes de la comunidad poseen la documentación que las tierras en conflicto son de propiedad privada, por lo que el gobierno incurre en usurpación

Caspalá: audiencia y movilización por los desalojos ilegales del gobierno

 

 

A media mañana, la comunidad kolla de Caspalá asistirá a la audiencia convocada por la medida cautelar presentada en defensa de la cancha comunitaria que el gobierno de la provincia destruyó con el fin de construir una escuela. Los titulares de dominio no autorizaron al gobierno ingresar a destruir la cancha. 

Comunidades indígenas convocan a movilizar hoy, para acompañar a las familias más afectadas, a las 9 horas, concentrarán en Plaza de los Inmigrantes.

Otra causa es por la expropiación del terreno de don Pablo Cruz y está en manos del Superior Tribunal de Justicia tras la arbitrariedad del Tribunal Contencioso Administrativo. Vale recordar que el terreno de la familia Cruz, el gobierno por “ley”, arrasó con topadoras para la construcción de una segunda cancha. Es decir, la medida cautelar como la causa principal de expropiación están elevadas al Superior Tribunal de Justicia, la comunidad recurrió la sentencia considerada arbitraria, el Dr. Damiano es el juez que dictó la sentencia.

El conflicto del pueblo Caspalá se profundizó en noviembre de 2022, con la apropiación del gobierno de la provincia de la cancha de la comunidad, la destitución de la vocala Rosa Apaza, denuncias a trabajadoras y trabajadores, luego fue la expropiación de la propiedad de la familia Cruz Moyoja y destrucción del terreno ancestral, todo en un contexto de violencia institucional contra una comunidad que defiende su pueblo. En los meses el conflicto de Caspalá fue creciendo y está judicializado.

La abogada que representa a la comunidad, Silvana Llanes relató que plantearon varias acciones legales, una de ellas la medida de no innovar, en el Juzgado Contencioso Administrativo que se declaró incompetente. En este sentido explicó que “inicié el desalojo del gobierno provincial de la cancha que forma parte del padrón G231 y ese padrón es propiedad privada que le corresponde a la señora María Liberata Apaza, titular de dominio como figura actualmente en el registro, según escritura otorgada en 1887 por el gobernador en ese momento, José Eugenio Tello.

La abogada representa también a Francisca Coronel, una de las herederas que cuenta con la documentación que fue presentada la causa de desalojo y se acreditó la titularidad de dominio de esas tierras. Por lo tanto, “el gobierno provincial está haciendo una usurpación de propiedad privada, ya que no las quieren reconocer todavía como territorio comunitario porque falta que el INAI, (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) realice el relevamiento territorial que quedó pendiente de agosto del año pasado. Por lo tanto, ellos manifiestan que no es territorio comunitario, pero sí es territorio, es propiedad privada”, ese expediente de desalojo se encuentra en el juzgado Civil y Comercial N°3, secretaría 5, a cargo de la doctora Marisa Rondón.

Además, plantearon que “dentro del desalojo la medida cautelar de no innovar para evitar que sigan con los trabajos de destrucción, porque están destruyendo la cancha que para ellos es ancestral”.

 



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