JUJUY

En otra causa se pidió llevar a juicio a un magistrado

Clima enrarecido dentro del MPA, fiscales denunciados, otros echados y cambios de lugar

Una denuncia por el accionar Guillermo Beller y el despido de otro fiscal habrían originado un malestar generalizado dentro del Ministerio de la Acusación. Los rumores hablan de trabajo bajo presión de su titular, Sergio Lello Sánchez

Clima enrarecido dentro del MPA, fiscales denunciados, otros echados y cambios de lugar

 

 

Movimiento de última hora, denuncias y despidos, el clima que se vive en el MPA en los últimos días y que genera un malestar dentro de fiscales, que según corren los rumores, trabajan bajo la presión de su titular, Sergio Lello Sánchez.

El conflicto se origina la semana pasada cuando el abogado Héctor Ortega se presenta ante la Auditoria General del Ministerio Público de la Acusación y pide que se investigue el accionar de los fiscales Guillermo Beller y Javier Sánchez Serantes, además del ayudante fiscal Hugo Cornejo, lo cual habría resultado en el despido de Sánchez Serantes.

Todo se deriva por la tenencia de un menor. El abogado denunciante apuntó que en octubre de 2022 es denunciado por su ex pareja por mala conducta y abandono del hijo. De forma cruzada, Ortega también realiza una presentación ante la justicia y obtiene una medida cautelar a su favor.

Sin embargo, en los últimos días, al no obtener ninguna respuesta de la fiscalía del MPA sobre el procedimiento, Ortega descubre que en paralelo se le había abierto una investigación en su contra.

El abogado apuntó el armado de una causa por parte de Beller -que además es el cuñado del hermano de su ex pareja-, con ayuda del ayudante fiscal Hugo Cornejo y el fiscal Sánchez Serantes.

La maniobra de Beller respondería a que precisamente otro funcionario del MPA es la actual pareja de la madre del menor sobre quien se disputa la tenencia.

Según señaló el propio Ortega, la denuncia contra los fiscales es por “obstrucción de la investigación, ocultar información porque había una denuncia penal y armaron otra causa en contra mía para conseguir que la jueza de violencia de género, que también se prende en esta movida porque no investigó ni analizó, no revisó bien la documentación y me ordenan que restituya mi hijo”.

Conocido el caso públicamente, las versiones que corren es que se ordenó el despido de Sánchez Serantes (que ocupaba la Unidad Ambiental). No ocurrió lo mismo con Beller, que asumió hace poco como fiscal de Investigación Penal Preparatoria.

Otro de los removidos -aunque no se sabe el motivo- fue el fiscal de Humahuaca Fernando Alancay.

Ante el malestar que se vive dentro del MPA, los rumores señalan que el pasado jueves el fiscal Diego Funes no se presentó a su lugar de trabajo. En tanto, su par Walter Rondón no contestaría el teléfono. Asimismo, en los pasillos se habla que fiscales trabajan bajo presión del jefe, es decir, del propio Sergio Lello Sánchez.

Por su parte, el fiscal Alejandro Bossatti fue restituido a la sede del MPA de calle Balcarce.

 

Justicia en llamas

Como si no fuera grave lo que sucede dentro del MPA, en las últimas horas se conoció el pedido de elevación de juicio oral contra el ahora juez Jorge Zurueta.

Desde hace un tiempo, la justicia de la provincia viene siendo señalaba por su falta de independencia respecto del Ejecutivo, pero también por el mal desempeño de sus jueces. Así, se dio a conocer un hecho en el cual el juez Zurueta es apuntado por encubrir a allegados suyos en un siniestro vial, valiéndose de su cargo como Secretario de Seguridad de la provincia.

El choche ocurrido en 2015 fue protagonizado por dos vehículos: una camioneta con dos ocupantes y un auto en el que iban 3 personas. Producto de la colisión, dos ocupantes del auto debieron ser asistidos.

Poco después, Zurueta llega al lugar y saluda a quienes iban en la camioneta. Además de apuntar la responsabilidad a quienes iban en el auto, quien fuera el secretario de Seguridad ordenó que se los llevara a la seccional y se les realizara test de alcoholemia.

Por el hecho, Zurueta es acusado por el delito de “encubrimiento personal y real agravado por la calidad de funcionario público”.



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