Comunidades denuncian “trabas burocráticas” en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura

“Arbitrarias y discriminatorias”, así calificaron comunidades de la provincia las nuevas disposiciones adoptadas por la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura, cercenando así el dialogo entre legisladores y comuneros.

Presidida por Angélica Castillo, la Comisión sólo permitirá la presentación de los presidentes de las comunidades, como así también la presentación obligatoria de actas de asamblea, por lo que la medida fue repudiada y rechazada por las comunidades.

“Dichos requisitos carecen de asidero legal y constituyen una barrera injustificada de acceso a la casa de las leyes, vulnerando garantías constitucionales e internacionales vigentes”, señalaron en un documento, en el cual detallaron la vulneración del derecho a peticionar, tal como establece el art. 14 de la Constitución Nacional; el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT, como así también el Art. 75 inc. 17 de la Constitución donde se obliga al Estado a garantizar el diálogo directo, la participación activa y la consulta de los pueblos originarios, respetando su autonomía y sin supeditar la escucha a formalismos de carácter excluyente.

En la misma dirección, recordaron que legisladores deben recibir a la ciudadanía para escuchar sus reclamos, caso contrario, están incumpliendo sus deberes como representantes, por lo que exigieron a la Comisión de Pueblos Indígenas “el cese inmediato de estas exigencias excluyentes, garantizando el acceso libre, directo e irrestricto de cada ciudadano y miembro de comunidad a las autoridades que los representan”.

De comunera, a comisionada y ahora diputada

“El comunicado de Angélica Castillo, como presunto miembro de una comunidad originaria, demuestra el profundo desprecio por lo que representan los principios e idiosincrasias de las comunidades de Jujuy”, cuestionaron las comunidades, respecto a la diputada por el radicalismo, quien preside la Comisión en cuestión.

El historial de la diputada contra las comunidades indígenas tiene como antecedente la maniobra contra su propio pueblo: en marzo de 2023, siendo comisionada de El Moreno, firmó un convenio con una empresa para que explore y explote litio en territorios de la comunidad de Lipán, a la cual pertenece. La comunidad, se había opuesto a la actividad extractivista, por lo que pidieron la destitución de la comisionada. Meses después, Castillo formó parte de la lista de diputados y diputadas del radicalismo, ocupando el 12º lugar. Así, pasó de ser comisionada a diputada por el oficialismo, cargo que tiene mandato hasta 2027.

Frente a las nuevas disposiciones, las comunidades tildaron a Castillo de mostrar “poca vocación de diálogo” y “su falta de conocimiento de la realidad de los territorios y del sentir de nuestro pueblo”. La demostración de las expresiones de comuneros y comuneras sobre la actitud contraria de la diputada contra los pueblos originarios se expresa en el proyecto que presentó para declarar de Interés Legislativo el XIII Seminario Internacional: Litio en Sudamérica”, que se desarrolló el 9 y 10 de octubre en Jujuy, siendo que la actividad litiera es uno de los principales motivos por lo que las comunidades afrontan conflictos territoriales.