JUJUY

Jornada de protesta en Jujuy

Comunidades indígenas llegan a la capital jujeña en defensa de sus territorios

Como lo hicieron en 1946, los pueblos originarios protagonizan el tercer malón de la paz tras la reforma constitucional, la cual, cambia las reglas del juego sobre la posesión de las tierras, por lo que temen ser expulsados de sus lugares ancestrales

Comunidades indígenas llegan a la capital jujeña en defensa de sus territorios

 

 

Una nueva Constitución provincial y el negocio del litio, las amenazas que convocaron a comunidades indígenas de Jujuy para concretar el tercer malón de la paz y que hoy llega a San Salvador, donde confluirá con la movilización convocada por la Intergremial, organizaciones sociales y políticas.

Tal como lo hicieron en 1946, los pueblos originarios partieron de sus lugares para defender sus territorios. “Abajo la reforma, arriba las whipalas”, es la consigna que se suma a esta caminata que salió desde Abra Pampa el día miércoles.

La razón del rechazo a las modificaciones a la Carta Magna jujeña no es menor: dentro de los artículos tratados, se encuentra uno que cambia las reglas del juego respecto a la tenencia y posesión de las tierras: el derecho a la propiedad privada está por encima del derecho a la posesión ancestral y a la propiedad comunitaria en territorios de los pueblos indígenas. Así, sin títulos y sin reconocimiento de la propiedad comunitaria, las comunidades temen ser expulsadas de los lugares donde vivieron ancestralmente.

Asimismo, el proyecto nunca cumplió con el proceso de consulta y consentimiento libre, previo formado, reconocido en el Convenio 169 de la OIT y la ley nacional número 24.071.

Así, las comunidades consideraron que esta reforma sólo implica despojo indígena.

“Las constituciones denominadas ‘cartas magnas’ de las repúblicas del Abya Yala fueron contratos sociales en beneficio de una élite blanca, criolla, descendientes de los invasores”, expresaron.

Cambian los tiempos, pero no las formas. La premura con la que se trató y aprobó la reforma constitucional no hace más que clarificar que existen otros intereses detrás. En el caso de las comunidades de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, el litio es el eje de la discusión y conflicto con el gobierno de Morales, que hasta la fecha no respondió los informes que pidió la Corte Suprema respecto a su la extracción del mineral afecta al medioambiente.

Sin comunidades, no hay reclamo. Sin reclamo, el mandatario tiene piedra libre para otorgar la explotación de 11 mil hectáreas. “Vienen por nuestra Pachamama y con un plan de muerte” y agregaron “el gobierno provincial se reafirma dueño de los recursos naturales, incluso los territorios y se reserva el derecho a la explotación de los mismos permitiendo el extractivismo (minería, litio, etc.). Esta reforma beneficia a las empresas extranjeras que se llevan nuestras riquezas y el agua solo dejan contaminación y despojo”.

En ese sentido, apuntaron “esta nueva imposición de una constitución provincial, donde no se verá reflejado el pensar y sentir de nuestras naciones originarias. Más bien en esta reforma se agregan elementos para profundizar el despojo y avasallamiento a nuestros pueblos”, consideraron.

“No nos han vencido”, el grito de los pueblos originarios para seguir defendiendo sus tierras y su cultura.

 



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