Comunidades se oponen a la explotación minera en sus territorios, fueron excluidas del monitoreo ambiental

Desde hace más de una década que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales -FARN- viene advirtiendo sobre los daños irreparables al medioambiente y las consecuencias directas para las comunidades que viven de los salares de la puna argentina como consecuencia de la explotación litiera que, con la excusa de la transición energética, los propios gobiernos de Salta y Jujuy acceden a los intereses de las empresas permitiendo el avance sobre territorios comunitarios y que el miércoles pasado tuvo como víctimas a cuatro comunidades del departamento de Cochinoca.

El 22 de octubre de 2025, el Administrativo de Minas, Pablo Gabriel Read otorgaba a la empresa Dajin Resources la concesión de la mina “Conquistadora IV”, cuya superficie se extiende en unas 2.877 hectáreas. El mismo expediente reconoce que dicho territorio es ocupado ancestralmente por las comunidades de Sausalito y Agua Rica de Tusaquillas. Celia Pisco -presidenta de la comunidad de Agua Rica por ese entonces- era señalada en 2023 de haber mantenido una reunión privada con una empresa minera, violando el protocolo Kachi Yupi – Huellas de la Sal’ que establecía que ninguna comunidad podía avanzar individualmente en un arreglo, sino que debían participar las 33 comunidades indígenas que conviven en la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc.

Esa fue la puerta que abrió el avance sobre la cuenca endorreica de la puna, tanto del lado salteño como jujeño.

A pesar de amparos judiciales, el auge del litio y las promesas de progreso hicieron que las propias comunidades empezaran a incumplir con ese protocolo de actuación. Así, el miércoles pasado, por segunda vez se concretó un monitoreo ambiental minero en el paraje Loma Punta - territorio de la comunidad de Quera y Agua Caliente-, donde las comunidades de Casabindo, Santa Ana de la Puna, Cochagaste y Tusaquillas fueron excluidas, aún cuando sus territorios se encuentran dentro área de influencia del proyecto denominado “Guayatayoc Norte”.

El estudio se realizó días después que las comunidades manifestaran su disconformidad con el proyecto debido a la falta de una consulta previa, libre e informada, como así también por omitir las observaciones realizadas a los informes de impacto ambiental.