Crisis habitacional en Jujuy: ratificaron la necesidad de la emergencia y rever la Ley de Ordenamiento Territorial

Un Congreso en el que participaron referentes nacionales y en la que vecinos y vecinas de Jujuy pusieron expresar su preocupación ante la falta de una vivienda, conclusiones que este lunes integrantes del Foro Provincial del Hábitat Digno presentaron en la sede de Cáritas con el objetivo de promover el tratado de la Emergencia Habitacional en la provincia.

La elección del lugar de la conferencia no fue casual, el Obispo Daniel Fernández ya había manifestado el apoyo de la Iglesia para que la Legislatura tome cartas sobre el proyecto que duerme hace semanas en Casa de Piedra. A pesar que el propio presidente del IVUJ reconoció un déficit de viviendas, la oficina de Ordenamiento Territorial sostuvo que no era necesario declarar la emergencia, puesto que ya se estaba trabajando para solucionar la problemática. En ese sentido, una de las 13 comisiones apuntó a la necesidad de reformar la ley provincial Nº6099 que, precisamente, establece las condiciones de la ocupación territorial y la regulación del uso del suelo “como recurso natural, económico y social y de la localización condicionada de las actividades antrópicas”, tal como detalla el art. Nº1.

“No es sólo es un derecho humano, sino también un derecho sagrado porque hace la dignidad humana” sostuvo Eugenia Girón, vicepresidenta de Cáritas durante la conferencia, donde se indicó que el hábitat digno implica poder acceder a una vivienda con servicios de agua, luz, cloacas; con regulación dominial, calles asfaltadas, escuelas, espacios verdes para la recreación, centros de salud y transporte público eficiente.

Pese a que durante el Congreso que se desarrolló trabajos en comisión, todas llegaron a la misma conclusión: la necesidad de una Ley de Emergencia Habitacional real, con presupuesto y participación popular, como así también la creación del Laboratorio Social y la consolidación de un Observatorio del Hábitat que permitan monitorear, planificar y ejecutar las políticas públicas con transparencia y justicia social.

Lo primero que apuntaron es que es la crisis habitacional no es un fenómeno aislado, sino la expresión de un modelo que ha mercantilizado el suelo, por lo que consideraron que sólo el Estado puede realizar una verdadera integración socioterritorial, por lo que exigieron que asuma esa “responsabilidad indelegable” y dejara de ser “un mero facilitador de negocios privados”.

13 comisiones, 13 conclusiones

Con el fin de tomar la problemática del acceso a la vivienda, el pasado 3 de octubre, fecha en que se celebró el Congreso con la presencia de la ex titular de la SISU Fernanda Miño, junto a Rubén Pascolini, actual subsecretario de Hábitat de la provincia de Buenos Aires y Guillermo Marzioni, vicepresidente de la Coalición Internacional del Hábitat para América del Sur. En total, fueron 13 comisiones en las cuales trabajaron sobre una perspectiva diferente.

Estas fueron las conclusiones:

- Diversidad: garantizar el acceso a la vivienda para personas travesti-trans y del colectivo LGBTIQ+, con cupos, garantías públicas para alquilar, reconocimiento de familias elegidas y protección frente a la discriminación inmobiliaria.

- Mujeres: facilitar el acceso a la vivienda y la tierra, especialmente para mujeres jefas de hogar y trabajadoras informales. Mejorar los servicios, la infraestructura y las oportunidades laborales en zonas rurales.

- Trabajo y jubilados: respaldar la Ley de Emergencia Habitacional y recuperar políticas estatales que permitan que los salarios y las jubilaciones alcancen para cubrir las necesidades básicas, incluida la vivienda.

- Discapacidad: promover viviendas accesibles, transporte adaptado, rampas, veredas adecuadas y participación directa de las personas con discapacidad en el diseño y control de las obras públicas.

- Infancia y juventud: reducir el hacinamiento, garantizar caminos escolares seguros y transporte, crear espacios recreativos y culturales y asegurar la participación de las juventudes en las decisiones barriales.

- Salud mental y consumos problemáticos: fortalecer los equipos territoriales, acercar la atención sanitaria a los barrios, garantizar la continuidad de los tratamientos y abordar los consumos desde la salud pública y los derechos humanos.

- Endeudamiento y ludopatía: regular los créditos de aplicaciones y las tasas abusivas, facilitar la refinanciación de deudas, evitar desalojos por deudas durante la emergencia habitacional y crear dispositivos comunitarios de prevención y acompañamiento frente a las apuestas compulsivas.

- Servicios públicos y regularización dominial: garantizar agua potable, electricidad, cloacas, urbanización y trámites accesibles para obtener títulos de propiedad. Reclamar presupuesto, plazos y controles para que las obras se concreten.

- Trabajo sociocomunitario: reconocer y financiar a comedores, merenderos, bibliotecas, clubes, cooperativas y organizaciones barriales, sin transferirles las responsabilidades que corresponden al Estado.

- Medio ambiente y defensa del territorio: proteger el agua y los territorios indígenas, garantizar la consulta previa a las comunidades originarias, prevenir la contaminación y revisar el ordenamiento territorial frente a los impactos de las actividades mineras e industriales.

- Derechos humanos y violencia institucional: prevenir desalojos violentos, garantizar asistencia jurídica gratuita, registrar casos de violencia institucional y proteger a las familias frente a la criminalización de sus reclamos.

- Otras economías: fortalecer cooperativas, emprendimientos y circuitos de producción local, facilitar el acceso a materiales de construcción y generar alternativas de financiamiento solidario.

- Profesionales por el Derecho al Hábitat Digno: revisar la Ley Provincial 6099 de Ordenamiento Territorial y avanzar en la regularización, urbanización progresiva e integración de los asentamientos existentes.