JUJUY

Censura previa a un semanario

Cuando el silencio se compra y la crítica se castiga: otra lesión a la libertad de expresión en Jujuy

La pauta publicitaria no editorializa los medios, solo publicita los actos de gobierno. La pauta no debe ser disciplinadora, sino tiene que garantizar la pluralidad de voces.

Cuando el silencio se compra y la crítica se castiga: otra lesión a la libertad de expresión en Jujuy

 

La quita arbitraria de la pauta oficial al semanario El Expreso Jujuy vuelve a poner en debate el uso discrecional de los fondos públicos y la salud democrática de la provincia. Sin pluralidad de voces, la información se convierte en propaganda.

La libertad de expresión no es una concesión de los gobiernos de turno, sino un pilar básico de cualquier sociedad que se precie de democrática. Sin embargo, en Jujuy ese derecho vuelve a ser lesionado. Esta vez, la medida disciplinadora recayó sobre los trabajadores y trabajadoras del semanario El Expreso Jujuy, quienes recibieron como castigo la suspensión de la pauta publicitaria oficial tras sostener una mirada crítica hacia la gestión provincial.

Antes que cualquier análisis, resulta imperioso expresar nuestra solidaridad con los compañeros de ese medio. Lo ocurrido no es un simple trámite administrativo: es una decisión arbitraria y una muestra de torpeza institucional por parte del secretario de Comunicación de la Provincia, Alberto Siufi, quien optó por el camino de la censura previa ante una línea editorial incómoda para el poder. La intolerancia vuelve  sistemáticamente a controlar las voces disidentes, a disciplinar, y  no ha garantizar derechos.

Para comprender la gravedad del hecho, es necesario recordar una premisa elemental que suele distorsionarse en la práctica política local: la pauta publicitaria proviene de fondos públicos presupuestados y su única función legítima es dar a conocer los actos de gobierno a la ciudadanía. Bajo ningún punto de vista constituye un cheque en blanco para comprar líneas editoriales ni un premio a la obsecuencia. Mientras los grandes medios de la provincia suelen responder a las cifras que reciben del Estado resignando criterio propio. 

Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de un escenario donde la libertad de prensa, de expresión derechos que vienen siendo amenazados de manera sistemática. En Jujuy cuesta cada vez más garantizar la pluralidad de voces y sostener espacios que promuevan el espíritu crítico. Frente a reiteradas denuncias por ataques a la prensa, la Secretaría de Comunicación no solo ha brillado por su ausencia y falta de solidaridad, sino que muchas veces ha contribuido a revictimizar a quienes sufren hostigamientos, profundizando un mecanismo de disciplinamiento hacia opositores y comunicadores independientes.

A este cuadro se suman las campañas de desprestigio en redes sociales contra medios críticos, muchas veces impulsadas por estructuras digitales financiadas con recursos estatales, cuyo único objetivo es estigmatizar y agredir a quien piensa distinto.

Ejercer el periodismo en la provincia se ha vuelto una tarea cuesta arriba. A lo largo de las gestiones del radicalismo, la comunicación oficial se consolidó como un eje de manipulación de las audiencias. Pero una comunicación manipulada jamás puede ser democrática. Distribuir la pauta oficial exclusivamente entre quienes agachan la cabeza atenta contra la salud de una sociedad plural y refuerza la sensación de vivir en un feudo donde las garantías constitucionales quedan suspendidas frente al humor del poder Ejecutivo.

En este contexto adverso, El Expreso Jujuy fue censurado, precisamente por sostener lo que debería ser la norma: la defensa irrestricta de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho humano a la comunicación.

Desde Jujuy Dice repudiamos enérgicamente el accionar de la Secretaría de Comunicación y sus criterios arbitrarios que vulneran el espíritu de las leyes vigentes. Reafirmamos nuestra convicción en una comunicación plural, diversa y federal, capaz de despertar el espíritu crítico en la ciudadanía. Porque cuando se intenta callar a un medio, no solo se ataca a sus periodistas: se le quita a toda la sociedad jujeña el derecho fundamental a estar informada.

El caso de El Expreso  

 

Entre el 23 y el 24 de octubre, funcionarios provinciales, incluido el secretario de comunicación de la provincia, Alberto Siufi, mediante un audio presionó al editor de El  Expreso Jujuy , para que retirara una nota de tapa sobre las tensiones políticas tras la interpelación al ministro de Turismo, Federico Posadas. El semanario ignoró el pedido y publicó el artículo («Posadas y el descontrol...»).

La represalia no se hizo esperar, tras la difusión de la nota, el Ejecutivo dejó de enviarle la publicidad oficial habitual y cortó el diálogo. El 12 de noviembre, el medio intimó formalmente al Gobierno a regularizar la pauta bajo advertencia de iniciar acciones judiciales.

Ante el caso el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) emitió un comunicado, manifiesta su rechazo al intento de censura previa y a las represalias mediante el abuso de publicidad oficial padecidas por el semanario El Expreso de Jujuy.

Desde FOPEA consultaron a Siufi negó las presiones y atribuyó el corte de la pauta a una "readecuación presupuestaria y criterios técnicos", aunque evitó referirse al audio denunciado y no presentó documentación respaldatoria.

Así tambien desde FOPEA, rechazaron la explicación oficial por considerarla insuficiente ante la clara coincidencia temporal de los hechos. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema (fallo Río Negro), advirtió que el Estado no puede usar la publicidad oficial como un "garrote" para castigar líneas editoriales críticas y exigió el cese de estas prácticas que vulneran la libertad de expresión.



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