JUJUY

Ministerio de Justicia de Nación

Denuncia federal a funcionarios judiciales y del ejecutivo provincial por el espionaje ilegal en Jujuy  

La denuncia se realizó en el fuero federa contra funcionarios del ejecutivo y judicial porque violan las leyes 25.520 de Inteligencia Nacional y 24.059 de Seguridad Interior.

Denuncia federal a funcionarios judiciales y del ejecutivo provincial por el espionaje ilegal en Jujuy   

 

Presentaron una denuncia penal por: infiltración y espionaje ilegal a organizaciones sociales, la misma fue radicada en la Fiscalía Federal N°1 de Jujuy a cargo del Dr Federico Zurueta. Es patrocinada por Gabriela Carpineti titular de las Dirección Nacional de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación contra el ministro de Seguridad de la provincia de Jujuy, Luis Alberto Martin; el Jefe de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario General Héctor Horacio Herbas Mejía; titular de la Agencia Provincial de Delitos Complejos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Comisario Marcelo Rodríguez; el titular de Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública N° 2 de San Salvador de Jujuy, Diego Funes; y el titular del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública de San Salvador de Jujuy, Rodolfo  Fernández.

“La denuncia tiene competencia federal porque denunciamos que funcionarios judiciales y del poder ejecutivo provincial particularmente funcionarios del área de Seguridad y policial violaron dos leyes fundamentales que rigen para la vida democrática para todo el territorio nacional que son las leyes de inteligencia y de seguridad interior” detalló Carpineti

Los delitos de acción pública que configuren los hechos son violatorios de la ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional (art. 43 ter y cctes); y de la ley nº24.059 de Seguridad Interior.

 

“La primera acción de esta empresa ilícita, ilegal, de espionaje, fue infiltrar. Luego, el fiscal Funes solicita los allanamientos. Y a partir de eso fueron construyendo la hipótesis delictiva. ¿Y qué hace el juez de control? Interviene tres meses después. O sea que los allanamientos y las infiltraciones se realizan aparentemente sin conocimiento del juez de control”, expreso.

 

Los delitos denunciados: “El derecho a la privacidad, a la intimidad, son derechos escritos en nuestra Constitución nacional, y fueron violados por estos funcionarios”, aclaró: “Y tal vez haya otros, inclusive con responsabilidades mayores que estos cuatro”, sostuvo.

 

Esta denuncia es producto de las visitas anteriores a la provincia de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en defensa de los Derechos Humanos, es la cuarta vez que llegan a la provincia, y realizaron la presentación en el foro federal de reunir denuncias durante varios meses de organizaciones sociales, sindicales, de la economía popular que sufrieron allanamientos, represión. Así también esas denuncias fueron parte de un informe presentado en el Congreso de la Nación en agosto pasado.

 

Ese informe “Jujuy es Argentina” contiene 58 casos de graves violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Gerardo Morales como violación del derecho a la protesta, a la libertad de expresión y persecución política, abuso de poder, violencia institucional y violación a las leyes de inteligencia y de seguridad interna.

 

En esta nueva visita la comitiva también repudio la Reforma parcial de la constitución de Jujuy que impulsa el gobierno provincial por institucionalizar la criminalización de la protesta social.

 

En la oportunidad, el abogado José Luis Fuentes resalto que la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos integrada por abogadas, periodistas, trabajadores sociales organizaciones sociales y sindicales, estuvieron relevando denuncias de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas del gobierno provincial por estos días en San Salvador, San Pedro y Tilcara.

 

En estos días, integrantes de la comisión en la ciudad de San Pedro de Jujuy, mientras recibían denuncias de desalojos a pequeños productores mediante imputaciones de la Fiscalía N°1 a cargo de AgustínJarma. Una persona que esperaba realizar su exposición ante los abogados reconoció a una persona infiltrada, que se desempeña como auxiliar del Fiscal Jarma, sería el que les tomó la declaración a estas personas en la Fiscalía. Ante esa situación la abogada Daniela Verón, del Centro de Acceso de Justicia del Ministerio de Justicia de Nación dijo “cada vez que venimos a Jujuy me sorprendo de las infiltraciones ilegales, ayer me señalaron un hombre que estaría infiltrado, me acerqué para consultar sobre su denuncia y me dijo que venía a escuchar una charla. Le dije que no había charla. Expliqué que se recepcionaban denuncias de vecinos que ven vulnerados sus derechos. Me dijo que acompañaba al padre, ante ese argumento le dije que se retire del lugar para que nos deje trabajar. De lo contrario lo denunciaría por infiltración ilegal y violencia institucional” relató la abogada integrante de la comisión donde atendieron a más de 60 personas.

Gabriela Carpioneti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia  de Nación

Gabriela Carpioneti, Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de Nación

Funcionamiento arbitrario del poder judicial 

 

“Muchas denuncias están vinculadas al funcionamiento arbitrario del poder judicial y al estado de indefensión en el que se encuentra la población más vulnerable. También recibimos a comunidades indígenas que están en conflictos territoriales. El Estado provincial no solo no defiende su derecho al trabajo –la mayoría campesinos que producen alimentos- sino que los hostiga en connivencia con la clase empresarial”, explicó Fuentes.

 

Por su parte, Ivone Aparicio, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, contó que “el sistema de hostigamiento del gobierno de Morales no es solo contra los dirigentes sino con todos los trabajadores de la economía popular que se organizan. Los siguen en vehículos particulares, los vigilan en sus barrios, preguntan a los mismos vecinos de qué trabajan, para que decidan no organizarse. Cada movilización, cada acción de expresión en el espacio público, sabemos que tenemos infiltrados que nos están vigilando”. Asimismo, la dirigente repudió la reforma constitucional que impulsa Morales por institucionalizar la criminalización de la protesta social.

 

 

“Es fundamental recuperar la vida democrática en esta provincia, hay una absoluta alteración de las garantías democráticas y es preocupante, y es importante que podamos convivir los que pensamos diferente. De lo contrario estamos en riesgo. La manda de eso es la obligación de garantizar la convivencia de los que pensamos diferentes, es de quien detenta el poder político y en particular de los que ejercen cargos políticos” agrego Carpineti.

Conferencia de prensa en la CTA

Conferencia de prensa en la CTA

 

Estrategia de aniquilamiento

 

“La alternativa en democracia no es perseguir, los que somos gobierno debemos garantizar la convivencia democrática. Entonces infiltrar, allanar, imputar ilegalmente a ciudadanos y ciudadanas por pertenencias políticas consolida un esquema anti democrático. Esto anunciamos y nos preocupa”, expreso ante la denuncia  penal. “La actividad de esta comisión de la cual forman parte agentes de la agencia nacional tiene un mensaje profundamente humanista” señaló.

“Consideramos que en esta provincia hay funcionarios judiciales fiscales y del ejecutivo cuando se encuentran con personas que piensan diferentes tiene la estrategia de aniquilamiento y para eso montaron una empresa ilegal de espionaje “enfatizó la funcionaria.

Así también resaltó que “Hay que detener esta situación antes que se siga deteriorando la vida democrática en Jujuy. Anteayer entendí mejor esto cuando la Legislatura provincial aprobó el llamado a la Convención Constituyente y cuando leí el proyecto, entendí más lo que hoy denunciamos”. En ese sentido considero que “esta provincia necesita un saneamiento en su poder judicial, el ministerio Público de la Acusación es una estructura ilegal y considero que tiene que existir una intervención a la justicia jujeña”.

 

 



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