Denuncian requisitos "arbitrarios" para restringir la participación de comunidades indígenas en la Legislatura

Comunidades indígenas se manifestaron contra la legisladora Angélica Castillo que preside la Comision de Pueblos Indígenas y la complicidad de funcionarios de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia por rechazar el ingreso de comunidades que no son a fin al oficialismo. Con ese criterio las y los funcionarios no atienden a comunidades que interpelan el accionar del gobierno provincial por los desalojos, por el avance del extractivismo en teritorios comunitarios y proyectos inmobiliarios.

En este reclamo, se hizo eco la diputada provincial Natalia Morales (PTS-FITU), quien cuestionó duramente el funcionamiento de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Legislatura de Jujuy. La legisladora aseguró que dicho cuerpo, presidido por Angélica Castillo (UCR), “no tiene la potestad de definir quiénes tienen voz, quiénes pueden expresarse ni quiénes son legítimos para representar a sus comunidades”.

 Además vale recordar que Castilllo, fue presidenta de una comunidad  indígena, luego fue comisionada municipal en el gobierno anterior y luego legisladora por el oficialismo. La trayectoria señala que responde a la política partidaria dejando atrás la defensa de los derechos indígenas que requieren respuestas del gobierno.

Según detalló Morales, tras un largo período de inactividad, la comisión anunció la apertura de instancias de recepción para las comunidades. Sin embargo, denunció que el acceso quedó condicionado a exigencias burocráticas: contar con la personería jurídica al día, presentar actas formalizadas y selladas, además de limitar la participación exclusivamente a las autoridades que ocupen la presidencia de los territorios.

“Salvo en mi caso, el resto de los diputados y diputadas de la UCR, La Libertad Avanza e incluso del peronismo estuvieron de acuerdo con estas condiciones”, afirmó Morales, quien vinculó la medida con la gestión de Castillo. La presidenta del bloque oficialista en la comisión arrastra denuncias de comunidades de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc por supuestamente habilitar el avance de proyectos mineros sin el consentimiento previo e informado del territorio.

Un obstáculo burocrático sobre un derecho preexistente

Para la legisladora del FITU, exigir la regularización de la personería jurídica constituye un criterio de exclusión directa, dado que se trata de un trámite que muchas veces “el propio Estado demora, cajonea o decide arbitrariamente a quién otorgar y a quién no”.

“De esta manera se les niega la posibilidad de ser escuchadas a comunidades, organizaciones e integrantes de pueblos indígenas que buscan plantear problemáticas o denunciar violaciones a sus derechos humanos y colectivos”, manifestó. Asimismo, advirtió que un derecho preexistente termina subordinado a “un simple trámite administrativo” impuesto por el mismo Estado.

Morales también cuestionó el perfil de los actores recibidos hasta el momento en la comisión. “No es casualidad que quienes sí han sido recibidos sean, en gran medida, funcionarios del gobierno”, denunció, señalando que el cuerpo termina dando espacio a quienes “avalan la política estatal de saqueo minero y extractivismo”.

Ante esta situación, la diputada formalizó su postura mediante un escrito: “Además de haber manifestado nuestra posición en cada reunión, presenté una nota porque considero que este accionar constituye una forma de violencia institucional y estatal”.

Finalmente, remarcó que la legitimidad de los pueblos originarios surge de su historia, su organización comunitaria y el reconocimiento territorial, y no de “los designios del Estado o un sello burocrático”. Y concluyó: “Desde nuestras bancas no vamos a ser cómplices. Asumimos la responsabilidad de llevar a la Legislatura la voz de quienes sistemáticamente intentan dejar sin voz”.