Pese a que no implica reconocer posesión ni modifica la situación material ni jurídica del inmueble, la intendenta de Tilcara vetó una ordenanza para nombrar como Villa Florida una calle que atraviesa el territorio en disputa con la comunidad Cueva del Inca, decisión que hizo que comuneros y comuneras denunciaran a la jefa comunal por incumplimiento de sus deberes de funcionario público.
La presentación es consecuencia de la negativa de Sonia Pérez de entregar la documentación correspondiente a la sentencia judicial sobre la cual se basó para dejar sin efecto la ordenanza 11/2026 votada en el Concejo Deliberante por unanimidad.
“Intendenta, necesitamos acceder a la sentencia de primera instancia del juicio por Daños y Perjuicios, así como a otra documentación e información de interés público que, hasta el momento, no nos ha sido proporcionada”, señaló la comunidad en un parte de prensa este jueves.
En ese sentido, comuneros y comuneras recordaron que desde el lunes iniciaron una permanencia frente al parlamento municipal para que se revierta el veto y se entregue la información para “comprender y resolver la situación”, sin obtener respuesta alguna, por lo que decidieron accionar legalmente contra Pérez.
Además de incumplimiento de sus deberes de funcionario público, la intendenta también es señalada por actos discriminatorios.
Los cuestionamientos en torno a la jefa comunal giran en sí realmente el veto se debe a que el fallo judicial es favorable al municipio y apuntaron “¿por qué, al pasar la causa a la Cámara de Apelaciones, el Municipio no contestó el recurso presentado? Como consecuencia de esa omisión, la Cámara deberá resolver con las actuaciones obrantes en el expediente y sin la posición formal de la Municipalidad”.
Y agregaron “con este accionar, se genera la percepción de que existiría una posible COMPLICIDAD entre la Intendenta y sus abogados, los Dres. Benavidez y Vera, la familia Mendoza (la parte litigante contra la comunidad) y su abogada, la Dra. Citro, tendiente a dilatar el dictado de una sentencia definitiva, favoreciendo a estos últimos y continuando con el perjuicio hacia un barrio integrado por más de 300 familias”.
