Marcela López y Gustavo Farfán esperan desde el 10 de diciembre de 2025 poder asumir sus bancas en el Concejo Deliberante de La Quiaca, la maniobra del oficialismo que responde a Dante Velázquez para que no puedan acceder a su cargo llegó a la justicia, donde finalmente se decidió que el presidente del parlamento municipal pague de su bolsillo una sanción económica hasta tanto López siga sin asumir.
La multa a Hugo Barro es de 80 mil pesos por cada día que la edil no pueda ejercer su rol como concejal. Tras la decisión del Concejo Deliberante de impedir que juren tanto López como Farfán en su cargo por “inhabilidad moral”, ambos ediles presentaron un amparo ante la justicia para revertir la medida. La respuesta fue inmediata: a mediados de diciembre, la Corte Suprema de Jujuy señaló que López debía asumir su banca dado que no existía ninguna denuncia en su contra. Así, la justicia dispuso un plazo de 10 días para que López asuma su cargo, caso contrario, se aplicaría sanciones económicas al parlamento municipal.
Dicha orden nunca fue acatada, por lo que el Deliberante quiaqueño al mes de abril, tenía una penalidad económica que rondaba casi los 2 millones de pesos.
Sin embargo, el miércoles de esta semana, un nuevo fallo cambió la modalidad del pago de la penalidad: la Corte ordenó al presidente del Concejo Hugo Barro a “imponer de forma personal una sanción conminatoria de 80 mil pesos, por cada día de demora”, es decir, el edil deberá de su propio bolsillo la multa hasta tanto continue con la desobediencia judicial. Los fondos serán destinados a la Biblioteca del Poder Judicial.
Tras el fallo, en la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura, diputados retomaron un pedido que se había realizado con anterioridad para la normalización del Deliberante fronterizo. En ese sentido, Carlos Haquim recordó que una situación similar ocurría en el parlamento municipal del pueblo minero de El Aguilar, donde ya se había regularizado la asunción de Sergio Alejo en mayo. El edil y ex intendente había sido acusado de no cumplir con el requisito de la residencia. No ocurre lo mismo en La Quiaca, donde López y Farfán aún no asumen dentro del Deliberante.
Así, Haquim reiteró la necesidad de crear una comisión extraordinaria y aplicar una sanción económica al parlamento de La Quiaca.
Por su parte, el diputado de la izquierda, Gastón Remy sostuvo que no se debía castigar económicamente al Concejo, puesto que la multa salía de las arcas del Estado municipal, aunque sí expuso la necesidad de avanzar en la comisión investigadora.
Bajo la presión económica personal, más el debate en la Legislatura, Barro está cada vez más acorralado para que asuman los ediles opositores para que puedan ejercer su rol que, en el caso de Marcela López ya viene sosteniendo en la vereda del Concejo Deliberante bajo un gazebo.
