Los comisionados del Comité Nacional de Prevención contra la tortura se encuentran en la provincia realizando una serie de visitas a penales, comisarias, hospitales en salud mental, entre otros lugares y también mantienen reunión con funcionarios provinciales de los tres poderes.
El Comité esta encabezado por Diana Conti y Gustavo Palmieri principalmente para evaluar las diferentes dependencias y luego presentar un informe.
Mantuvieron ayer un encuentro con el gobernador Morales y luego visitaron a la dirigente Milagro Sala a quien ya visitaron apenas fue encarcelada.
El lunes estuvieron en el territorio de la Comunidad Indígena Tilquiza del Pueblo Okloya por el despojo arbitrario y desmedido por el ayudante fiscal Ivan Monaldi Pancich por orden del fiscal Alejandro Maldonado, sin orden judicial, meses atrás.
Es así que recorrieron el camino ancestral de uso tradicional, como veedores y testigos de los múltiples obstáculos que se atraviesa hasta la familia de Justo Gaspar, anciano de 82 años con serios problemas de salud. Así también del incumplimiento a la medida cautelar por parte del usurpador de territorio ancestral Daniel Verzini.
Además ambos comisionados se encuentran particularmente interesados en la situación de detenciones e imputaciones de los miembros de la Comunidad sufrido el 14 de septiembre pasado, donde se ejerció violencia institucional, violencia de género y violencia espiritual; como así también la violación sistemática de los DDHH, derechos constitucionales, tratados internacionales, Convenio 169 de la OIT, Ley 26160, protocolo de abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes.
Ante la visita a la comunidad los integrantes del Comité expresaron su preocupación por el desamparo sistemático e inseguridad jurídica que viven en la provincia ya que la Secretaría de Pueblos Indígenas no garantiza los derechos indígenas.
También solicitan la nulidad del procedimiento irregular y sobreseimiento de imputaciones; la recusación al fiscal Alejandro Maldonado, por no actuar con objetividad, no reconocer al sujeto de derecho colectivo. Subrayando que no se agotó instancias de diálogo como lo estipula el protocolo de abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes, obligatorio para todos los fiscales y ayudantes fiscales del Ministerio Publico de la Acusación.
Por lo que se solicitó a los funcionarios nacionales acompañamiento y realización de las correspondientes presentaciones acorde a su competencia, ante organismos provinciales involucrados en la temática, ya que la violencia institucional no es un derecho.