JUJUY

Tampoco apunta a que se realice una remediación ambiental

El fallo por la contaminación de plomo en Abra Pampa a medida de la provincia

La abogada Alicia Chalabe expuso como la Corte Suprema jujeña dejó afuera de las responsabilidades a la provincia, siendo que es la única con autoridad competente para autorizar y controlar la actividad minera

El fallo por la contaminación de plomo en Abra Pampa a medida de la provincia

 

A poco más de una semana del fallo favorable de la Corte Suprema jujeña para que se indemnice a la población de Abra Pampa producto de la contaminación de plomo generada por la ex metalúrgica Metal Huasi, los cuestionamientos a la decisión del juez abrieron un abanico de críticas, no sólo porque la resolución no apunta a ninguna remediación ambiental, sino también porque carga toda la responsabilidad sobre el municipio (que apeló a la Corte de la Nación), pero no a la provincia.

Alicia Chalabe realizó un análisis sobre la resolución en la cual subrayó “la Provincia es la única autoridad competente para autorizar y controlar la actividad minera”.

La historia de apelaciones lleva años en la justicia.

Constituida en 1957, Metal Huasi operó casi tres décadas fundiendo plomo en lo que hoy es el barrio 12 de Octubre en Abra Pampa, predio cedido gratuitamente por la Comisión Municipal. En 1986, cuando cierra, dejó 10 mil toneladas de escoria de plomo y cientos de toneladas de humos y óxidos sin tratamiento, a metros del barrio que, además, fue rellenado con esa misma escoria. La exposición a esos restos generó problemas de salud, en especial, en niñeces, así lo ratificaron las pericias que detectaron plombemias (plomo en sangre) de hasta 16,4 µg/dl, determinando niveles críticos. Frente a ello, el perito fijó una incapacidad parcial y permanente del 50 % para valores superiores a 10 µg/dl y del 5 % para los inferiores, con pronóstico “reservado e impredecible”.

Con presentación en la justicia, en 2009 se inició una remediación, aún, cuando la Cámara Civil y Comercial todavía no se había expedido, siendo la provincia la que recibe fondos a través de un programa del BID para afrontar el pasivo ambiental. Una década más tarde, dicha Cámara calificó el reclamo como daño civil sufrido “a través del ambiente” y atribuyó responsabilidad al Municipio por omisión, considerando que no hizo nada para reducir la exposición de 14 mil habitantes de los restos contaminantes y también por acción, por haber cedido el predio.

La contestación del municipio apuntó a que la competencia minera y ambiental es provincial, además de haber sido la que firmó los convenios y recibió los fondos y que la contaminación se produjo tras el abandono de la planta, ya bajo tutela provincial, entre los puntos sobresalientes, argumentos que la Suprema Corte rechazó y señaló que la habilitación de la empresa no convierte el daño en permitido ni libera al Municipio del control, que pudo citar a la Provincia y no lo hizo y que la eventual culpa concurrente provincial no lo exime.

Para el fallo, analizó Chalabe, la competencia minera provincial no desplaza el poder de policía local sobre salubridad y uso del suelo y señala que una montaña de escoria a 14 metros de las casas, durante 30 años, no le podía pasar inadvertida al Municipio.

 

La gran ausente: la Provincia de Jujuy, única autoridad minera

La abogada, refutó los argumentos de la Corte Suprema jujeña y recordó “el fallo condena al municipio por no controlar una actividad que no podía autorizar ni controlar. La autoridad que sí podía, la Provincia de Jujuy, quedó fuera del proceso y de la condena”. Extrañamente, el abogado de la Municipalidad de Abra Pampa es Diego Chacón, actual procurador del MPA.

Chalabe recordó que, desde sus inicios, Metalhuasi tuvo como objeto social la “fundición de minerales y la elaboración de metales no ferrosos. Procesaba mineral de plomo traído de Mina El Aguilar, Mina Pan de Azúcar y Mina Providencia, según la pericia ambiental. Separaba plomo, zinc, antimonio y plata en hornos y ollas de refinación. El Código de Minería (Título Complementario, Ley 24.585) incluye en la actividad minera "la fundición, refinación" y "la disposición de residuos cualquiera sea su naturaleza". Las escorias de Abra Pampa son, entonces, un pasivo ambiental minero y debe hacerse cargo la Provincia de Jujuy”.

Y subrayó “la autoridad minera es exclusivamente provincial. Las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales”, tal como lo establece la Constitución Nacional. En el caso de Jujuy, detalló que es el Juzgado Administrativo de Minas concede permisos y concesiones (Decreto-Ley 46/1965), la Dirección provincial de Minería controla, y la Secretaría de Gestión Ambiental ejerce el poder de policía ambiental (Ley 5063). Ningún municipio de Jujuy puede autorizar, suspender ni clausurar una actividad minera. “El propio fallo lo reconoce” apuntó Chalabe. Sin recursos técnicos ni personal para el control el ambiental, es saneamiento recae sobre la provincia y no los municipios, por lo que consideró que la Corte jujeña “identifica al obligado principal y condena al secundario” respecto a la contradicción.

En la misma argumentativa, el fallo reconoce la responsabilidad compartida, pero el único que debe afrontar el pago de indemnizaciones es el municipio. “¿Por qué quedó afuera la Provincia? Los actores no la demandaron y el municipio no la citó como tercero. La Corte se lo reprocha al municipio y desestima sus denuncias contra la Provincia (Exptes. B-162698 y B-1627400/06), cuya remisión nadie pidió”, expuso Chalabe.

La abogada, por otra parte, señaló que el fallo pone en riesgo el cobro de los resarcimientos económicos por parte de las víctimas, puesto que el municipio “invocó la inembargabilidad de la Ley 5320”. De hecho, el intendente Ariel Machaca interpuso un recurso extraordinario en la Corte de la Nación.

Por otra parte, la resolución al estar centrada solamente en el municipio no atiende la cuestión de fondo que es la remediación, dado que el Ejecutivo de la comuna no tiene la competencia ni los recursos para afrontar el pasivo ambiental. “Para los proyectos mineros en curso en la Puna, el mensaje es inquietante: la autoridad que concede los permisos puede quedar al margen de la responsabilidad por sus efectos”, cuestionó Chalabe y sostuvo “la sentencia indemniza a las víctimas de hoy, pero no protege a las de mañana”.

Por último, para la abogada ambientalista el punto más discutible fue la determinación de la escala de incapacidad, que terminó por cerrar un tema de salud a una cuestión administrativa. “Un niño con 10,1 µg/dl recibe un 50 % de incapacidad y uno con 9,9 µg/dl, un 5 %. Esa diferencia de diez veces descansa en un valor de referencia administrativo, no en una diferencia clínica”, además de ponerse el foco solo el plomo que se deposita en la sangre, aunque el mineral también se deposita en los huesos.

 



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