JUJUY

El abogado de vecinos recurrió al organismo nacional

El gobierno nacional pidió explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy por los hechos de Campo Verde

Tras la brutal represión ocurrida en la madrugada del 8 de marzo, la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional exigió que se aclare si el operativo contó con orden judicial y con personal policial sin identificación, entre otros punto

El gobierno nacional pidió explicaciones a la Secretaría de Derechos Humanos de Jujuy por los hechos de Campo Verde

 

El pasado lunes 8, un operativo policial en horas de la madrugada arremetió contra vecinos de Campo Verde que realizaban una vigía pacífica para defender el predio de una cancha sobre el cual el gobierno de Morales señaló que van a construir una escuela, a raíz de la brutal represión sufrida el abogado de las víctimas realizó una denuncia ante la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, por lo cual, ahora el gobierno nacional pidió explicaciones sobre los hechos ocurridos en esa fecha.

Fue el director de esta dependencia, Mariano Przybylski quien envió el pedido de informe a la secretaria de Derechos Humanos de Jujuy, María Infante para que brinde respuestas por los hechos ocurridos en la madrugada del lunes de la semana pasada.

“En mi carácter de Director de la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL, dependiente de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, a fin de solicitarle información y manifestarle nuestro especial interés respecto a los hechos ocurridos durante la madrugada del 8 de marzo en el Barrio Campo Verde de la ciudad de San Salvador de Jujuy”, expresa la carta enviada a la funcionaria provincial el día jueves.

Respecto al pedido, Przybylski señala que la consulta “se origina en la denuncia recibida ante esta Dirección Nacional por parte Dr. Héctor Hugo Huespe, abogado de la matrícula del foro jujeño, así como también por filmaciones y publicaciones periodísticas en medios locales respecto a un operativo policial que se habría desarrollado sin orden judicial, con personal policial no identificado, en horas de la madrugada y durante el cual, se habrían detenido personas de forma arbitraria”.

Asimismo, indica que dicha solicitud “se enmarca en la responsabilidad primaria de esta Dirección Nacional, relativa a brindar asesoramiento jurídico a las víctimas, y articular con otros organismos y poderes del Estado la implementación de mecanismos de prevención y sanción de las situaciones de violencia institucional”.

En la misma dirección, el funcionario nacional explica que el pedido de informe también responde a cumplir con los objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en cuanto a “coordinar las acciones vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos con otros Ministerios del PODER EJECUTIVO NACIONAL, el PODER JUDICIAL, el MINISTERIO PÚBLICO, el DEFENSOR DEL PUEBLO y el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN y con las organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos”.

De esta manera, el gobierno de Morales deberá rendir cuentas sobre el operativo que se desplegó el pasado lunes, en un horario que no está permitido (salvo en algunas circunstancias) y sin orden de un juez.



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