JUJUY

Sin derecho a la protesta

El gobierno promociona la criminalización de la protesta social

En una solicitada que sacó en un diario local, el ejecutivo provincial señala que impuso multas y trabajo comunitario a dirigentes y organizaciones que manifestaron el 15 de diciembre de 2020, lo que derivó en una presentación judicial

El gobierno promociona la criminalización de la protesta social

 

El jueves de la semana pasada, el Juzgado Contravencional N°3 de la capital jujeña determinó que varios dirigentes y organizaciones sociales y barriales reciban multas de 90 mil pesos y aplicación de trabajo forzado tras haber participado de la marcha “por una navidad sin hambre” el 15 de diciembre de 2020, acto que derivó en una presentación judicial por criminalizar la protesta.

Si bien es derecho constitucional poder manifestar reclamos, el gobierno de Morales se jacta de la aplicación de penalidades quienes salen a las calles. Tal es así, que en el día de ayer, el Ejecutivo provincial sacó una solicitada en un diario local, perteneciente a su socio -no sólo empresarial sino también político- donde detalla la imposición de multas a dirigentes y organizaciones.

Pudiéndose entender la publicación como una forma de disciplinamiento, dado que reafirma las decisiones tomadas en el fuero judicial para quienes decidan manifestarse, el gobierno expone que las multas se deben al corte del tránsito, pero también se basa en la violación del distanciamiento social, en el marco de la pandemia.

Sin embargo, la imposición de multas solo corren para un sector.

Recordemos que a principios de 2020, fueron varios dirigentes sindicales y sociales que fueron llevados al banquillo por las manifestaciones en las inmediaciones de la Legislatura el 4 de abril de 2018, fecha en la que Gerardo Morales daba su informe de gestión en el marco de la apertura de Sesiones Ordinarias.

Muy por el contrario, en lo que fue el cierre de su campaña para un segundo mandato de Morales, el gobierno desplegó una parafernalia clientelar que concluyó con un acto proselitista en Plaza Belgrano, por el cual, las calles aledañas a la plaza fueron cortadas totalmente al tránsito. Allí, el Código Contravencional (aprobado en 2016 por sus legisladores) no fue aplicado, pese a que la situación es la misma: la obstaculización del paso.

Esta situación fue advertida por la abogada Mariana Vargas, quien ayer realizó una presentación ante la justicia exponiendo la inconstitucionalidad de la norma.

Previo a ello, la letrada estuvo participando en una conferencia de prensa en la cual se encontraban dirigentes y organizaciones sociales que fueron multadas, oportunidad en que afirmó “Morales persigue a algunos y otros no, no todas las marchas ocasionan que se persiga con un juicio contravencional, él elige que marcha perseguir en función de sus propios costos y sus propios intereses, pero el punto que cuando lo hace, tiene una ley que se lo permite”.

Apuntando a los distintos juicios contravencionales que ha multado a dirigentes sociales, la abogada resaltó “necesitamos prohibirle a Morales que use leyes inconstitucionales para impedir que nos reunamos, que marchemos en las calles” y agregó “en Jujuy hoy parece que estamos en una isla en la cual salir a manifestar está prohibido cuando Morales así lo decide, no puede ser esto así, tenemos que sacarles las armas inconstitucionales que usa para perseguirnos”.

En referencia a ello, Vargas expuso “lo hace amparado en un instrumento legal que es la Ley de Faltas, especialmente los artículos 90 y 113” explicó en Radio Unju.

En consecuencia, el planteo a la justicia es que estos 2 artículos declaren inconstitucionales porque “no puede estar prohibido el derecho de reunión que es un derecho constitucional”.

El pedido a la justicia jujeña en concreto es que se ordene al Juzgado Contravencional N° 3 que se suspenda el procedimiento respecto a las sanciones impuestas contra quienes participaron en la manifestación del 15 de diciembre, que además de la multa de 90 mil pesos y trabajo forzado, incluye -de no cumplirse lo anterior- la detención.

“Estamos en una situación de mucha ilegalidad” subrayó la abogada y sentenció que esperan que “se garantice en Jujuy la libertad de expresión, de opinión, de reunirse, de movilización, de peticionar porque son los derechos fundamentales del pueblo”.

 



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