JUJUY

Bajo el argumento de entorpecer el transporte y servicios y desobedien

El Jujuy de Morales: criminalización de la protesta y violación al ejercicio de la libertad de expresión

Tras la detención de dos dirigentes por participar de corte de rutas y calles el pasado 3 de marzo, un ex diputado y una abogada de ANDHES repudiaron los hechos y cuestionaron la medida. Hoy organizaciones realizarán una conferencia de prensa

El Jujuy de Morales: criminalización de la protesta y violación al ejercicio de la libertad de expresión

 

En la tarde de ayer, dos dirigentes que participaron de los cortes de rutas y calles el pasado 3 de marzo fueron detenidos, a pesar de que hasta el momento nunca se ausentaron de las citaciones que realizó el juez contravencional en el marco del inicio del juicio, lo que deja demostrado que en Jujuy hay una criminalización de la protesta y la violación del derecho a la libertad de expresión.

Así lo manifestaron el ex diputado Iñaki Aldasoro y la abogada de ANDHES Malka Manestar, quienes cuestionaron la medida.

“El Gobierno de Morales, a través del juez, pretende dejarlos detenidos mientras se sustancie el juicio, un ataque a los derechos y garantías de cualquier ciudadano, ya que ‘todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario’ mientras que aquí la justicia está prejuzgando. La decisión de detenerlos es una decisión política, ya que no hay peligro de fuga de los imputados, que iban a comparecer ante la justicia este propio viernes 8 y estaban convocando a un acto para denunciar esta política de persecución a los luchadores”, expuso Aldasoro respecto a la detención de Sebastián Emilio Copello del Polo Obrero y Juan Manuel Chorolque referente de MTR-12 de Abril y MAR.

Hay que recordar que ambos detenidos están acusados por “entorpecimiento del transporte y servicios” (art. 194 del Código Penal) y “desobediencia a la autoridad” (Art. 239 del Código Penal). Las mismas imputaciones pesan sobre la dirigente social Verónica María del Huerto Urzagasti, aunque hasta el momento no fue detenida.

Además, el legislador (mandato cumplido) resaltó “la decisión de proceder a realizar detenciones 48hs antes del inicio del juicio demuestra un claro objetivo de amedrentamiento a todos los luchadores y busca tratar de distender un cuadro de permanente movilización en la provincia por el agravamiento de las condiciones de vida de las masas, el aumento de la pobreza y la miseria”.

Asimismo, Aldasoro analizó “a medida que avanza la crisis y los reclamos que la propia crisis genera, el gobierno pretende avanzar con esta línea de tipo represiva para ‘despejar la calle’, en un cuadro cada vez más adverso y donde el gobierno tiene cada vez menos condiciones de llevar esta línea represiva hasta el final. La justicia le ha abierto una causa a prácticamente todos los referentes de las organizaciones sociales que se movilizan en la provincia”.

Y agregó “en el último mes, la provincia fue noticia nacional frente a la brutal detención de 7 militantes del Bloque Piquetero mientras realizaban un corte de ruta en la ciudad de San Pedro el 3 de marzo. Este escándalo nacional por la denuncia de torturas, vejámenes y la extensión de todos los plazos por una decisión política, desató una gran campaña de solidaridad y reclamo de la inmediata liberación de los detenidos con una marcha con más de 6 mil compañeros por las calles de Jujuy. Luego del acampe del 30 de marzo, el gobierno anuncio fuertes multas para los responsables de las organizaciones del Bloque Piquetero, en una nueva causa contravencional”.

Por su parte, la abogada Malka Manestar destacó “aplicar el derecho penal frente a quienes participan en una manifestación es una grave restricción a derechos y libertades democráticas fundamentales, esto tiene consecuencias muy serias para el ejercicio de la libertad de expresión, los derechos de reunión, asociación y participación política”.

En ese sentido, la letrada explicó “el Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas. El uso de figuras penales amplias, vagas o ambiguas, el uso de tipos penales que violan los estándares interamericanos para condenar actividades propias de las protestas sociales, implican violaciones muy grandes al derecho a protestar”.

Y comparó “lo que está pasando en Jujuy es violatorio de estándares mínimos en materia de protesta social y derechos humanos”, por lo que pidió la liberación de los dirigentes.

El pedido del cese de detención de Copello y Chorolque también se hará sentir en la jornada de hoy, las organizaciones sociales, sindicales, de DDHH y políticas convocaron una conferencia de prensa a las 10, en Plaza Belgrano para visibilizar la política represiva que se vive en Jujuy desde el desembarco de Gerardo Morales en la gobernación.



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