Ex funcionarios del gobierno de Morales al banquillo de los acusados por la causa Caspalá

La causa Caspalá camino a juicio oral, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la competencia de la justicia federal, por lo que 6 ex funcionarios del gobierno de Gerardo Morales deberán comparecer la destrucción de la cancha comunitaria y la violenta expropiación a la familia Cruz Moyoja.

Desde un principio la causa recayó en el Juzgado Federal Nº2 de Jujuy, la querella apuntó sobre los fondos que giró el Estado nacional al provincial para la construcción de una escuela. No solo que la obra no se llevó a cabo, sino que además se presentó documentación falsa para obtener dicho dinero.

Por la maniobra, 6 funcionarios del Ministerio de Educación fueron señalados por los delitos de fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos. Entre los acusados están la ex ministra de Educación, Teresa Bovi; al ex comisionado de Caspalá, Natividad Apaza, hoy vocal municipal; a los arquitectos del Ministerio de Educación, José Raúl Torres y María Victoria Martínez Fascio; a la asesora legal del Ministerio de Educación, María Cecilia Rotondo, y al asesor de Fiscalía de Estado, Diego Montenovi. Quien quedó afuera de la acusación fue Gerardo Morales, señalado por la comunidad por ser quien decidió que la obra se construyera en el lugar.

Con la audiencia de Control de Acusación de hoy como una etapa preliminar al juicio, las maniobras de impunidad van quedando sin efecto. Cabe recordar que con una justicia provincial (al servicio del Poder Ejecutivo) apuntó a diferentes planteos para que la causa quedara en manos de Rodolfo Fernández del Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública y no en el foro federal. Finalmente, fue la Corte la que resolvió la competencia que, además, sienta un gran precedente para otras causas similares que se disputan competencia.

La abogada Silvana Llanes, que representa a la comunidad kolla Caspalá, inició este proceso ante el despojo de la comunidad de su territorio y el daño patrimonial que ocasionó el gobierno provincial cuando en noviembre de 2022 irrumpió en la cancha comunitaria con maquinaria para iniciar la construcción de una escuela secundaria. En las excavaciones también se halló restos de un antigal, algo que la comunidad advirtió, pero nunca fue escuchada. Ante el rechazo de la comunidad, un violento operativo policial terminó en represión y detenciones. El gobierno radical trasladó a policías 350 km para defender la empresa constructora. Asimismo, los días subsiguientes, el pequeño pueblo de valle de altura estuvo custodiado.

Para “subsanar” el despojo de la cancha, el gobierno jujeño expropió tierras a la familia Moyoja Cruz. También arbitró que el lugar donde se encontró restos de un antigal se convierta en un museo.

Finalmente, la justicia federal ordenó la restitución de la cancha y su reparación, lugar que también se había convertido en centro de las actividades culturales, ancestrales y en un centro de refugio ante los movimientos sísmicos.