Los pueblos indígenas de valles, quebrada y puna de la provincia, realizaron ayer una asamblea, amparados en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, Convenio 169 de la OIT ratificado mediante ley nacional N° 24.071 y normativas internacionales, tales como la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En un manifiesto se expresaron sobre la prórroga de la Ley N° 26.160 de emergencia Territorial lndígena, siendo que la última prórroga Ley N° 27.400, vence en el mes de Noviembre del presente año. “Consensuamos en coincidencia con los mismos reclamos de las Comunidades Indígenas Preexistentes del territorio nacional, en exigir ante el Congreso de la Nación Argentina la urgente prórroga de la ley N° 26.160 con presupuesto y la inmediata instrumentación de ley de Propiedad Comunitaria lndígena reconocida desde 1994 en la Constitución Nacional; para evitar el avasallamiento, vulneración de derechos e intento de despojo sobre los territorios de nuestras comunidades indígenas preexistentes, sus legítimos dueños. En la actualidad el gobierno de turno, la oligarquía terrateniente, multinacionales y mineras usurpan el territorio y provocan daños irreversibles a la Madre Tierra, poniendo en riesgo así la vida de toda la Humanidad”, expresa un documento.
Asamblea en Huacalera
Las diferentes comunidades citaron los conflictos que se han sucedido en : La minera El Aguilar, minera Chinchillas - Pirquitas, mineras de Litio en departamento Susques, Olaroz Chico, Cauchari, Minera Loma Blanca (Coranzulí), Minera Piuquenes en Las Capillas, Comunidad Ayllus Hichaira (Empresarios Vitivinicólas, Entubando el Agua) Múltiples desalojos y Negocios Inmobiliarios (inmobiliaria REMAX en la localidad de Huacalera) intromisión ilegal (sin consulta, libre, previa e informada, ni consentimiento) en la comunidad de Rodero donde ingresaron máquinas de vialidad provincial destruyendo un sitio sagrado de la comunidad.
Los conflictos son por las tierras y los recursos naturales de esas zonas principalmente, un conflicto que avanza sobre los derechos de las comunidades y sobre leyes ambientales.
Es así que las comunidades sostienen que: “El gobierno provincial también es cómplice y un gran violador de nuestros derechos y territorio, usando ese poder para dominar y excluir a los verdaderos dueños y poseedores ancestrales del territorio. Nuestros mayores lucharon por la libre determinación y el Sumaj Kawsay (Buen vivir), conviviendo en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, resguardando el territorio y los bienes naturales con la plena conciencia que estos elementos son la garantía de Vida de las futuras generaciones y de toda la humanidad”.
Por último señala el manifiesto que:“Consideramos que es tiempo de aplicar todo el marco jurídico reconocido a nivel nacional y a través de tratados internacionales; como parte de la reparación histórica y la deuda que tiene el Estado hacia los Pueblos Indígenas”.
El lema para esta lucha de las comunidades es “la defensa del territorio es permanente, el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad, es nuestra vida!, por un estado presente soberano y plurinacional!