JUJUY

Tras el desalojo del corte de ruta en Perico

“Genocidio latente”, la dura acusación contra Morales por la violencia contra comunidades indígenas

En un comunicado, la asamblea de pueblos originarios apuntó contra la política represiva del gobernador e instaron al diálogo. Asimismo, reiteraron su rechazo a la reforma constitucional

“Genocidio latente”, la dura acusación contra Morales por la violencia contra comunidades indígenas

 

 

“El candidato a vicepresidente del Frente Cambiemos es el responsable del genocidio latente en la provincia de Jujuy”, así de catalogaron la política represiva que viene aplicando Gerardo Morales contra las comunidades indígenas de la provincia que se manifiestan en contra de la reforma constitucional y que ayer volvió a observarse en el desalojo del corte de ruta en Perico, a la altura de Finca El Pongo.

En un comunicado, la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas volvió a advertir sobre el avance de sus derechos por parte del gobierno de la provincia, el cual se cristaliza en las modificaciones de la Carta Magna. “La violación sistemática del Convenio 169 de la OIT en la reforma parcial de la constitución provincial viene a formalizar la violencia institucional y las políticas de esclavitud hechas a medida para favorecer a las multinacionales y al poder económico concentrado que viene por todo; un anticipo de lo que se vendrá a nivel nacional”, indicaron en el documento en referencia a su postulación como vicepresidente.

Además, repudiaron los diversos actos de violencia de las cuales fueron y son víctimas “que lleva adelante el gobierno provincial contra el pueblo jujeño en nombre de la ‘paz social’, padecido en manifestación pacífica el día de ayer en ruta nacional 66 Perico ‘El Pongo’ por la fuerza policial de la provincia, infantería y caballería; reafirmamos que el camino es a través del diálogo intercultural de buena fe y a través de las instituciones representativas; el pueblo jujeño  rechaza unánimemente esta reforma exprés que concentra un poder abusivo en el poder ejecutivo, de despojo, saqueo y reducción de derechos, que NO cumple con los estándares que están reconocidos en la constitución nacional y tratados internacionales; ni cuenta con el consentimiento libre, previo e informado de las 400 Comunidades Indígenas preexistentes en la provincia de Jujuy”.

En la misma dirección subrayaron “la seguridad de la población jujeña no se puede garantizar violando DDHH y tratados internacionales; exigimos el urgente intervención nacional y NULIDAD de REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCION PROVINCIAL; la aplicación plena y efectiva de los Protocolos de Consulta previa, libre e informada vigentes de los pueblos Okloya y Kolla para garantizar la participación de los Pueblos Naciones Indígenas como lo estipula el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT”.

Frente a ello, pidieron el cese de la “represión y persecución a los dirigentes y autoridades indígenas; como así también solicitamos el cese de acciones antidemocráticas y de mala fe que se lleva a cabo en la provincia y en territorio de las diferentes comunidades indígenas, actas falsas y engañosas, convocatorias bajo presión a facilitadores intercultural de la salud para que firmen adhesión a la reforma inconsulta”.

Por último, apuntaron “ante los pronunciamientos de la CIDH, ONU y Amnistía Internacional, el amplio respaldo del pueblo argentino y la comunidad internacional;  es necesario que el gobierno provincial recapacite y propicie una reforma constitucional participativa y pluricultural que garantice el BUEN VIVIR y los derechos adquiridos en la constitución nacional y tratados internacionales”.

 



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