La comunidad aborigen Cueva del Inca movilizará al Concejo Deliberante de Tilcara para insistir con el proyecto de señalizar con nombres las calles de Villa Florida, ante el veto de la intendenta Sonia Pérez con el decreto 40/2026, realizado el viernes pasado.
El martes 19 de mayo el Concejo Deliberante de Tilcara aprobó, por unanimidad, mediante ordenanza 11/2026, el nombramiento de algunas calles de la comunidad, proyecto que fue presentado y trabajado junto a la comunidad. Pero el viernes 29 de mayo lamentablemente la intendenta Pérez vetó dicha ordenanza.
El proyecto plantea que la Comunidad Cueva del Inca no se encuentra delimitada por las calles urbanas tradicionales de la ciudad. Su territorio ancestral abarca una amplia extensión rural y parajes naturales protegidos (como Huichaira, Puerta de Huichaira y Sarahuaico) ubicados a las afueras de Tilcara, conocida como Villa Florida.
La Comunidad de Cueva del Inca expresa que es “una violación al Derecho a la Identidad y a la autonomía” a tener los nombres de calles (el cual no modifica la situación material ni jurídica del inmueble), responsabilizando a la Intendenta Pérez el acto de “Discriminación institucional contra la Comunidad, usando el pretexto y herramienta para negar los derechos a la Identidad, toponimia y territorio ancestral”.
La ordenanza 11/2026 fue impulsada a instancia de la comunidad, en un comunicado expresan que “vetar esa decisión es desconocer la capacidad y decisión de pueblos preexistentes y el uso indebido de una medida cautelar. El decreto se ampara en una sentencia inconstitucional del expediente C 142589/2019 innominada Mario Mendoza y otros contra la municipalidad de Tilcara”.
“La medida cautelar ordena no modificar la situación material y jurídica existente sobre el inmueble individualizado padrón Y820, del cual no existe que se haya presentado la intendencia. La imposición de las calles no modifica el inmueble porque no se mensura, ni se transfiere dominio. Nombrar calles es un acto cultural, administrativo, no un acto de disposición del suelo. El municipio tergiversa el alcance de la medida para anular un derecho legítimo de la comunidad”.
Por último, desde la comunidad expresan que “se nos usa como argumentos para evitar consecuencias dañosas para la municipalidad. Pero no se considera el daño que provoca negar el reconocimiento del territorio ancestral”.
Pese al veto de Sonia Pérez, concejales pueden revertir la decisión, tratando el nombramiento por insistencia y si se obtiene los votos favorables, la Municipalidad deberá promulgar la ordenanza.
