Un acto institucional importante, la presentación formal y el juramento de los once integrantes del Consejo de la Magistratura de Jujuy. El órgano, concebido con la reforma constitucional impulsada por el ex gobernador Gerardo Morales, aprobada en 2023 en un contexto represivo.
Mañana el oficialismo avanza con la conformación de este organismo, que tendrá a su cargo la selección de jueces, los concursos de antecedentes y oposición, y la evaluación disciplinaria de los magistrados e integrantes del Poder Judicial provincial.
Si bien desde el discurso oficial se promociona la puesta en marcha de este cuerpo como un "hito de transparencia e independencia", el análisis del armado político deja en evidencia una marcada hegemonía del oficialismo y la inclusión de figuras legislativas fuertemente cuestionadas por sectores de la sociedad.
El cuerpo estará presidido por el Vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Miranda, quien ostenta un extenso recorrido en las filas del partido del gobierno: fue apoderado de la Unión Cívica Radical y se desempeñó como Fiscal de Estado durante la gestión del exgobernador Morales.
La nómina de los integrantes del Consejo que asumirá la custodia de la seguridad jurídica en la provincia se completa con: los jueces inferiores: Dr. Luis Kamada y Dra. Norma Issa, el poder legislativo designo a Diputado Adriano Morone y Diputada Gisele Bravo del bloque oficialista y la diputada Daniela Velez por el bloque del Partido Justicialista), por el Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy los elgidos los abogados Leónidas Alfaro y Daniel Lemir. Por parte de poder Ejecutivo aun no trascendieron los nombres de los designados.
Si bien, es un acto importante, y roles de mucha responsabilidad, aunque los nombres de los elegidos y lo protocolar se mantiene en silencio, cuando deberia ser un hecho para celebrar si tiene rango constitucional.
Los perfiles bajo la lupa: entre la libertad de expresión y los derechos de género
El desempeño y la independencia de este nuevo organismo - según los plazos de la propia Carta Magna reformada, debería estar en funcionamiento desde hace tiempo- despiertan severas dudas en el ámbito jurídico y social local. Las miradas apuntan no solo al predominio oficialista, sino a los antecedentes legislativos de sus miembros:
Adriano Morone (UCR): Referente de la juventud oficialista y con aspiraciones a la intendencia capitalina en 2027. Es impulsor del polémico proyecto sobre "violencia digital", ingreso a la legislatura y fue severamente criticado por especialistas al considerarse un intento de reglamentación que atenta contra el Artículo 31 de la Constitución Provincial y pone en riesgo la libertad de expresión y el trabajo periodístico.
Gisele Bravo (UCR): Legisladora, militante radical y ex convencional constituyente en el cuestionado proceso de reforma de 2023.
Daniela Vélez (PJ): Ocupará el único escaño asignado a la oposición parlamentaria. Su figura cosecha un firme rechazo entre las organizaciones que integran la Multisectorial de Mujeres de Jujuy por ser la autora del proyecto del "Observatorio de Falsas Denuncias por Violencia de Género". La iniciativa fue repudiada masivamente por revictimizar, amedrentar y desalentar las denuncias reales de violencia de género, generando una declaración de rechazo firmada por casi la totalidad de la Comisión de Género de la Legislatura (con la sola excepción de la propia Vélez y el diputado libertario Ballesty).
Un precedente que enciende las alarmas
La expectativa sobre la efectividad del Consejo de la Magistratura es cautelosa. Organizaciones del fuero legal y de la sociedad civil recuerdan que otros estamentos nacidos de la reforma constitucional, como la Auditoría General de la Provincia, han mostrado un funcionamiento sumamente aletargado y con escasos resultados de control real.
Mañana se revelará finalmente la sede física donde funcionará el Consejo. Resta ver si el nuevo cuerpo logrará consolidarse como un verdadero garante de la idoneidad y la ética judicial o si, por el contrario, reproducirá las dinámicas de escribanía política que han opacado la designacion de lagunos jueces en la provincia.
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