Cuatro antigales destruidos y un trámite burocrático que impide a la comunidad aborigen de Guerrero presentarse como querella en el conflicto territorial con la familia Jenefes: comuneros y comuneras denunciaron públicamente que se les niega participar de las inspecciones oculares.
Luego de meses de espera, este último lunes la justicia federal con asiento en la provincia concretó la tercera inspección, medida de prueba que pidió la propia comunidad frente a la destrucción de cuatro yacimientos arqueológicos, aunque la parte denunciante no pudo participar de la misma, situación que se desprende de la dilatación de constancias del INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas- por parte del fiscal federal Federico Zurueta y su ayudante, Mariana Cura, según denunciaron desde la comunidad.
El documento en cuestión reconoce la ocupación ancestral y la personería jurídica, algo que la justicia provincial le niega a pedido del poder político.
La situación irregular que desfavorece a la comunidad viene desde hace tiempo, si bien desde octubre de 2024 Lorena Durand y Máxima Bustamante denunciaron la destrucción de patrimonio y biocultural, por lo que debían consolidarse como querellantes. Sin obtener respuestas de la justicia, en noviembre de 2025, presentan otra denuncia por mala fe y ocultamiento de prueba, apuntando al fiscal Zurueta, que nunca llamó a declarar a las comuneras y pretendía que se archive la causa.
En ese sentido, la comunidad detalló que, anterior a la inspección ocular convocada para este 13 lunes, el pasado 22 de junio se le solicitó vía correo electrónico al INAI un informe con carácter de urgente para conocer si se había enviado a la Unidad Fiscal la información requerida sobre la documentación correspondiente a la personería jurídica, por lo que al día siguiente desde el organismo nacional respondió que la fiscalía había obtenido esa información a mediados de mayo. Por el contrario, el fiscal Zurueta el 19 de junio señaló que dicha prueba no había sido enviada y, en consecuencia, la comunidad no puede presentarse como querellante.
“La medida de inspección ocular fue solicitada por esta parte (en oportunidad de solicitar la querella), sin embargo, por falta de notificación formal y por no habernos dado un tiempo prudencial para poder organizar la debida participación de esta parte”, expuso la comunidad respecto a la notificación que se realizó el 18 de junio de forma informal y a tan solo tres días del llamado a la inspección ocular determinado en aquella oportunidad, por lo que catalogaron de “ilusorio” el derecho de la comunidad kolla de Guerrero de intervenir en la producción de la prueba.
