Después de una campaña nacional para denunciar la persecución y el hostigamiento a quienes se manifestaron en contra de la Reforma (In)Constitucional, la Corte Suprema de Jujuy dio un giro en la causa: suspendió el juicio que estaba previsto para 19 manifestantes.
Fue a fines de agosto que se conocía la decisión de convocar a los imputados por los delitos de lesiones leves agravadas, daños y atentado y resistencia a la autoridad. Así, las audiencias quedaron concentradas en apenas diez jornadas que se iban a iniciar el 26 de octubre y se iban a extender hasta el 6 de noviembre.
Apenas conocida la resolución, la abogada Mariana Vargas junto a distintos espacios, además de los propios señalados en la causa, iniciaron un llamamiento para que pedir la absolución y/o sobreseimiento de los 19 imputados. La recolección de firma puso en el centro la falta de imparcialidad judicial, además que no se había permitido la incorporación de medidas de prueba y testigos por parte de la defensa, interfiriendo así en el debido proceso.
En paralelo, la causa que investiga la brutal represión del 17 y 20 de junio sigue sin avanzar. Es precisamente sobre este punto que la defensa planteó la nulidad del juicio, apuntando a la ilegalidad de la represión que conllevó al armado de la causa por resistencia a la autoridad a los 19 imputados.
La violencia institucional quedó reflejada para siempre en el rostro de tres manifestantes que perdieron uno de sus ojos: Liam Lamas, Ernesto Aguirre y Joel Paredes, quienes además, son la prueba viva que las fuerzas de seguridad apuntaron hacia la cabeza.
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