JUJUY

Violencia institucional

La CTA de los Trabajadores advierte y repudia una nueva oleada de persecución y armado de causa a organizaciones sociales, trabajadores

Exigen explicaciones a la legisladora Gabriela Burgos, el Ministro de Seguridad Luis Alberto Martín, el Secretario de Seguridad Pública Hugo Fabián Sosa y otros funcionarios que estuvieron en la presentación de la fundación

La CTA de los Trabajadores advierte y repudia una nueva oleada de persecución y armado de causa a organizaciones sociales, trabajadores

 

La CTA de los Trabajadores a través de un documento expresó un repudio ante el arribo de la “Fundación Paz y esperanza en Jujuy”  que cuenta con el apoyo del gobierno de la provincia.

 

“Una vez más repudiamos y denunciamos al gobierno de Jujuy, al impulsar la “Fundación paz y esperanza en Jujuy”, generando una nueva escalada de persecución y castigo a las y los presas y presos políticos de la provincia a través de miembros de sus poderes legislativo y ejecutivo. Fundación, que el día 14 de diciembre, en el acto de presentación de la misma, contó con la presencia de diputados, ministros, secretarios de estado, intendentes y concejales, que deberán dar explicaciones, de su presencia en ese lugar”.

“A partir de esa “fundación”, el mecanismo elegido es, abrir una “comisión especial” para que se realicen denuncias y acusaciones por delitos que José Mangioncalda el abogado de la “fundación”, denomina de “lesa humanidad”, contra la Tupac Amaru y Milagro Sala. Esta modalidad de recepción de denuncias, nuevamente invierte los roles, poniendo a las víctimas como victimarios y a los abusadores como víctimas”.

“Este abogado, un conocido negacionista (que niega hechos referidos a la última dictadura cívico militar), rechaza la cantidad de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar; considera “grupo de tareas” a organismos de la ONU (en referencia al Grupo de Detenciones Arbitrarias que estuvo en 2017); tilda de mafiosos a docentes que reclaman derechos y de negociantes a quienes defienden los derechos humanos, entre otros conceptos. El gobierno de Gerardo Morales, abre así, una nueva oleada de persecución que se suma al espionaje oficial en las organizaciones, al seguimiento y hostigamiento a vecinos, estudiantes, trabajadores, jóvenes, familiares de víctimas, etc.; al armado de causas por parte de policías y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) territorio de Sergio Lello, a las multas y castigos contravencionales que hostigan a quienes protestan. También, para reforzar la idea que en cualquier momento y en cualquier lugar, alguien bien pagado, algún empleado o premiado por el gobierno, puede aparecer denunciando a quienes somos opositores a las políticas de Morales”.

“Exigimos explicaciones de quienes estuvieron presentes en el acto inaugural, como la legisladora Gabriela Burgos, el Ministro de Seguridad Luis Alberto Martín, el Secretario de Seguridad Pública Hugo Fabián Sosa y otros funcionarios y representantes que avalan y promueven esta nueva instancia represiva y persecutoria”.

“Elevaremos a las autoridades pertinentes de la Nación la denuncia correspondiente por este nuevo atropello a la democracia del gobierno de la provincia. Este nuevo accionar deja en evidencia la violencia institucional que se ejerce cotidianamente sobre los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y no hace más que reafirmar lo denunciado a los organismos de derechos humanos internacionales y corroborado por estos desde el año 2016, momento a partir del cual se echó mano del lawfare para perseguir, hostigar, estigmatizar y encarcelar”.

“Hacemos responsables asimismo a las autoridades provinciales, por las tareas de seguimiento e inteligencia oficial hacia pobladores y organizaciones democráticas, al espionaje e infiltración en las organizaciones y las consecuencias que puedan ocasionar en la vida y la libertad de quienes vivimos en Jujuy. Morales es responsable”, finaliza el comunicado.

Foto: presentación del abogado José Magioncalda

Foto: presentación del abogado José Magioncalda



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