JUJUY

Había pedido que no intervenga la fuerza pública

La Defensoría de niñas, niños y adolescentes de Jujuy desoyó las recomendaciones del ente nacional sobre los desalojos en Tilcara

El organismo instó a la oficina provincial a que proceda en la suspensión de los desalojos donde vivieran menores, algo que no sólo no se cumplió, sino que además viola derechos consagrados

La Defensoría de niñas, niños y adolescentes de Jujuy desoyó las recomendaciones del ente nacional sobre los desalojos en Tilcara

 

 

En Jujuy existen dos tipos de menores de edad: los que tienen derechos y los que no, estos últimos siempre pertenecerán a las familias trabajadoras y que no tienen allegados al poder, tal como ocurre en Tilcara, donde pese a las recomendaciones de la Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación de evitar desalojos en Tilcara donde hubiera menores, representantes de las oficinas de la provincia ni siquiera se hicieron presentes ayer en el lugar.

Las imágenes que circularon en redes sociales fueron más que elocuentes: un desmedido operativo policial para desalojar a familias que resistían el despojo de sus hogares construidos hace 30 años. Hubo un caso particular: una adolescente de 14 años se encontraba sola cuando los efectivos la obligaron a retirarse del lugar, señalando que se iba a realizar un inventario para que su madre luego pueda retirar lo más necesario. La niña, entre la bronca y el dolor le señaló que todo era necesario, que esa casa era el fruto del esfuerzo de toda la familia.

También hubo 5 personas que fueron llevadas a la comisaría por averiguación de antecedentes.

La única resistencia que opusieron fue dejar sus casas, aunque la fuerza y la violencia imperó durante el operativo que duró hasta la noche, bajo la lluvia.

Algo similar ocurría en noviembre, cuando Susana Gutiérrez, madre con hijos decidió encadenarse para defender el techo que cobija su familia. En aquel entonces, el operativo -que debió ser suspendido por un amparo interpuesto- intentaba despojar a su Susana y a sus hijos de su casa, pero no ocurría lo mismo con el local de Ricardo Romero, el intendente que cumplió mandato en diciembre de 2023.

Así, Susana decidió recurrir a la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación para defender el derecho de sus hijos.

Fue a mediados de diciembre, que el organismo respondió la solicitud de la vecina del barrio Estación y le aclaró que la oficina tiene como misión “velar por la protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, además de cumplir con el rol de control “que debe contribuir al fortalecimiento del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su conjunto. Sus funciones son ejercidas respetando las autonomías provinciales y las competencias específicas de los organismos a cargo de brindar atención o servicio a niñas, niños o adolescentes o bien de intervenir frente a la amenaza o la vulneración de sus derechos”.

En ese sentido, la Defensora de NNy A detalló a Susana que ya había solicitado “a la autoridad obligada y con competencia en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la provincia de Jujuy su intervención ante las autoridades que correspondan a fin de que se proceda a la suspensión de la ejecución del desalojo de hogares conformados por niñas, niños y adolescentes del predio Radio Estación Tilcara hasta tanto se provean y acrediten todas las medidas conducentes al resguardo y garantía de los derechos de los niños y adolescentes que habitan en dicho lugar”.

Asimismo, subrayó que la Observación General N°7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas señala que dispone que “(L)os desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”, algo que ayer evidentemente no se cumplió.

Sobre este punto, cabe señalar que el gobierno de la provincia intentó que todas las familias aceptaran ser reubicadas en módulos habitacionales, los cuales no cuentan con habitaciones, ni agua ni electricidad, por lo que familias se negaron a firmar este acuerdo dado que no respondía a sus necesidades. Otras, ante el hostigamiento constante aceptaron el módulo, otras que se les conceda un lote.

Por otra parte, el organismo indicó que “hemos dejado expuesto que resulta siempre desaconsejable la intervención de la fuerza pública en situaciones en las que se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, por cuanto el alto impacto que implica para su salud psicofísica”, otra omisión que atenta contra la integridad de menores de edad.

Por último, la Defensora instaba “en atención a la debida protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hemos instado a evitar que -en el marco de la resolución del conflicto respecto de las viviendas del predio Radio Estación- sea necesario el uso de la fuerza pública y/o la violencia”.

 



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