Los diputados del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Vilca, Gastón Remy, Natalia Morales, Lamia Debbo y Leonardo Rivero del MST presentaron este jueves un proyecto de declaración en la Legislatura de Jujuy para rechazar el estado de excepción decretado por el gobierno boliviano de Rodrigo Paz y denunciar la persecución contra dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, activistas y referentes opositores.
La iniciativa, ingresada formalmente el 22 de octubre, propone que la Legislatura exprese su “más enérgico rechazo” al estado de excepción por considerar que constituye un grave avance sobre las libertades democráticas, el derecho a la protesta y la libre organización de las y los trabajadores. Asimismo, repudia las detenciones y los procesos judiciales impulsados contra dirigentes sociales y representantes políticos opositores bajo acusaciones de terrorismo e instigación a delinquir.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores señalan que desde la imposición de esta medida se profundizó la criminalización de la protesta social y se multiplicaron las denuncias por detenciones arbitrarias, persecución política y represión contra organizaciones populares. Entre los casos mencionados se encuentra la reciente detención del senador aymara Nilton Condori, acusado de terrorismo y asociación delictuosa tras participar de acciones de protesta contra el gobierno.
Asimismo, el proyecto exige la libertad inmediata de todas las personas detenidas por luchar, el cierre de las causas judiciales impulsadas por motivos políticos y el cese de la represión contra las organizaciones obreras, campesinas e indígenas. Los diputados sostienen que esta ofensiva represiva busca imponer un ajuste económico descargando la crisis sobre las mayorías trabajadoras, mientras denuncian la injerencia del imperialismo estadounidense en la situación política del país vecino.
“Desde Jujuy no podemos permanecer en silencio frente a la persecución y la vulneración de derechos democráticos que sufre el pueblo trabajador boliviano. Las y los trabajadores, campesinos y pueblos originarios protagonizaron durante semanas una importante lucha contra las políticas de ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, y hoy la respuesta oficial es la represión, la judicialización y el intento de acallar toda oposición mediante el estado de excepción”, sostienen los impulsores de la iniciativa, que busca que la Legislatura provincial se pronuncie en solidaridad con quienes enfrentan la persecución política y la criminalización de la protesta.
Por su parte, Natalia Morales señaló que la experiencia de Jujuy demuestra que la movilización, la solidaridad y la organización pueden frenar los intentos de criminalizar la protesta social. “La suspensión del inicio del juicio contra quienes participaron de la rebelión popular de 2023 es un punto de apoyo para redoblar la campaña por el sobreseimiento definitivo de todas y todos los perseguidos, y un ejemplo para impulsar en Bolivia y en toda la región una amplia respuesta contra la represión y la judicialización de quienes luchan”, afirmó.
Al respecto, Alejandro Vilca sostuvo: “Las fronteras no pueden dividir la solidaridad de los pueblos. Así como acompañamos las luchas de trabajadores, estudiantes y sectores populares de Francia y distintos países, hoy apoyamos el reclamo por el fin del estado de excepción en Bolivia y la libertad de todas las personas detenidas por luchar. La defensa de las libertades democráticas, del derecho a la organización e incluso a la rebelión frente a quienes pretenden imponer el ajuste y la represión, es una causa común de toda la clase trabajadora latinoamericana”.
Y agregó: “Frente al ajuste económico, la entrega de los recursos estratégicos y la represión, la salida no vendrá de quienes gobiernan para los grandes grupos económicos, sino de la organización independiente de las y los trabajadores, los campesinos y los pueblos originarios. Por eso impulsamos este pronunciamiento y llamamos a desarrollar la más amplia solidaridad internacionalista con el pueblo boliviano y con todas las luchas que enfrentan el ajuste y el autoritarismo en nuestra región”.
