La pauta oficial en Jujuy: cuando el dinero público ahoga la verdad y condiciona el pensamiento crítico

​La comunicación no es un simple negocio ni un trámite administrativo, es un derecho humano fundamental y el pilar sobre el cual se construye el pensamiento crítico de una sociedad. Cuando la ciudadanía no accede a información veraz, diversa e independiente, se deteriora la democracia y el debate público queda reducido a un monólogo oficial.

​En la provincia de Jujuy, la asignación de la pauta publicitaria estatal se ha transformado en un claro ejemplo de cómo el uso discrecional de los recursos públicos puede utilizarse para manipular la agenda mediática, premiando el alineamiento editorial y asfixiando las voces disidentes.

​En los papeles, la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy, liderada por el C.P. N Alberto Siufi, promulga un reglamento basado en la ecuanimidad y la objetividad.

Según la convocatoria 2026, la pauta debería distribuirse bajo criterios técnicos como niveles de audiencia, alcance geográfico, métricas digitales verificables y continuidad en la grilla. ​Sin embargo, el análisis contable entre febrero y septiembre de 2025 demuestra lo contrario: una brecha abismal entre lo que se predica y lo que se ejecuta. Así, la pauta oficial deja de ser un instrumento publicitario para convertirse en una herramienta de coacción económica que modela qué se dice y qué se calla.

​Concentración mediática: silenciar a muchos para sostener a pocos

​La planilla de pagos expone un mapa de extrema polarización que consolida un cerco informativo. Los medios hegemónicos que cumplen con una agenda oficial obediente son contados con los dedos de la mano, los privilegiados de la concentración grupos como Circular SAS en Formación, Radio Visión Jujuy S.A., TV Music House Jujuy S.R.L., Editora S.A., Léxico SRL y LEA S.R.L. reciben periódicamente transferencias de entre $3.000.000 y $20.000.000, acumulando desembolsos importantes.

​El contraste, una vasta red de periodistas locales, medios del interior y comunicadores comunitarios perciben montos irrisorios que oscilan entre $60.000 y $90.000. ​La desproporción asfixia económicamente a los proyectos autogestivos y regionales. Al someter a los pequeños medios a la subsistencia, se margina el periodismo que investiga y pregunta, limitando el acceso de la ciudadanía a realidades locales que no figuran en los grandes medios.

​Juez y parte: la ética pública bajo sospecha

​A la arbitrariedad en la distribución se suma un grave conflicto de interés. El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi —encargado de garantizar la transparencia del gasto—, figura simultáneamente como proveedor del Estado con CUIT individual, registrando múltiples cobros mensuales. ​Este cruce de roles vulnera la ética institucional y destruye la confianza pública en la gestión de los recursos de todos los jujeños.

Pauta oficial en Jujuy

La pauta como mecanismo de control: la urgencia de la pluralidad de voces

​Cuando el Estado reparte la pauta mediante la lógica del "premio y castigo", la información se contamina. Los medios dependientes del auxilio estatal quedan expuestos a líneas editoriales condicionadas, mientras que la "información pública" cede terreno ante el discurso oficialista. Información condicionada no es comunicación: es propaganda.

​Para que existan personas capaces de cuestionar, exigir cuentas y participar activamente en la vida civil, es indispensable garantizar la pluralidad de voces. Una sociedad crítica necesita escuchar múltiples perspectivas para formarse un criterio propio. ​Los medios comunitarios, independientes y regionales deben contar con condiciones equitativas y objetivas de financiamiento para no quedar sometidos al gobierno de turno.

​Derecho a saber, garantizar la pluralidad no es un beneficio para los periodistas, sino un derecho de toda la ciudadanía a recibir información no manipulada.

​La comunicación es el oxígeno de la vida democrática. Jujuy necesita de manera urgente una Ley Provincial de Pauta Publicitaria que sea transparente, auditable y basada en criterios de distribución equitativos. Solamente garantizando el pluralismo y frenando la manipulación presupuestaria se podrá proteger el derecho a la información y fomentar una ciudadanía verdaderamente libre y crítica.