Explotación de litio, negocio inmobiliario o la construcción de caminos para facilitar el turismo o el comercio, son algunos de los problemas que atraviesan comunidades indígenas de la provincia que este viernes se convocaron a defender el territorio.
Pidiendo el acompañamiento de la ciudadanía, pueblos originarios se congregarán desde las 9 en Plaza Belgrano bajo la consigna “la tierra no se vende, el agua no se negocia, la vida se defiende”.
La jornada también plantea la realización de una conferencia de prensa a las 11 frente a Casa de Gobierno.
Señalando que el uso del agua en la minería, la contaminación de los suelos termina por afectar a toda la población, las comunidades apuntaron “vienen por todos” y recordaron el rol entreguista del gobierno radical que vende sus territorios sin consulta y sin consentimiento.
En la misma dirección, expusieron que “es tiempo de despertar al jaguar, despertar la memoria, la fuerza colectiva”.
La advertencia de las comunidades indígenas tiene una razón: tal como señala el mapa del catrasto minero confeccionado por la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, la mayoría de la provincia está sombreada con cateos o pedidos de cateos, una creciente solicitud de minas, además de las minas ya concedidas.
Asimismo, recientemente el gobernador Carlos Sadir creó el Ministerio de Minería, elevando de rango a la antigua Secretaría frente al crecimiento de la actividad y su impacto en el Producto Bruto Geográfico.
Mientras que el gobierno jujeño busca despegarse del Ejecutivo nacional, los diputados de la Legislatura provincial adhirieron al capítulo RIGI -Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones- de la Ley Bases (que también acompañaron en el Congreso parte del radicalismo) y que plantea la exención impositiva y de derechos de importación de maquinaria, en el caso de la minería. También se fomenta la prospección, exploración, desarrollo y exploración de minerales.
Sin embargo, el radicalismo provincial ya había dado un paso con anterioridad: con la Reforma (In)Constitucional, se declaró a todas las tierras fiscales como productivas, facilitando así la compra de tierras por parte de privados, desconociendo así la propiedad comunitaria.
