Como hace dos semanas atrás, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura volverá a pisar suelo jujeño, la visita se concretará en los próximos días y se dará luego del desalojo y represión a la comunidad indígena de Santa Rosa en Humahuaca y la aplicación de la nueva ley Penal Juvenil.
Frente a la llegada la próxima semana, desde la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional y Organismos DD HH Jujuy convocaron a organizaciones a una reunión previa para acordar acciones y articulaciones. El encuentro se realizará este lunes a partir de las 16.30 en la sede del CEDEMS, ubicada sobre calle Balcarce 162. Así, se espera hablar sobre la situación de derechos humanos y los lugares de encierro de la provincia para exponer ante el Comité las distintas situaciones de violencia institucional.
El caso más resonado fue lo ocurrido en la comunidad indígena de Santa Rosa, donde un operativo policial desproporcionado dejó como saldo a comuneros y comuneras heridas, una de ellas, denunció penalmente al Estado provincial por perder su embarazo. Asimismo, personal femenino sustrajo a menores de viviendas (que no estaban afectadas por la orden de desaojo) sin indicar su destino. Horas más tarde, los niños y niñas fueron restituidos.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura había estado en la provincia el pasado 24 y 25 de agosto. En aquella oportunidad, el organismo mantuvo conversaciones con representantes de los tres poderes del Estado. Por el Ejecutivo, estuvo el ministro de Gobierno y Justicia, Derechos Humanos, Trabajo y Deportes, Normando Álvarez García del Ejecutivo y la secretaria de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Infante. También participaron referentes locales del comité como María Villada, Durbal Carrizo y Paulina Juárez. La discusión giró en torno a continuar desarrollando acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos y prevenir situaciones de vulneración, a través de instancias de articulación, inspección, monitoreo y seguimiento junto a organismos especializados. Asimismo, en otro encuentro, el Comité se reunió con la ministra de Desarrollo Humano, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; el ministro de Salud, entre otros funcionarios.
Respecto al Poder Judicial, el comité fue recibido por el presidente de la Suprema Corte de Jujuy, Federico Otaola, junto a jueces de ese tribunal, además del juez de ejecución, Gustavo Salvador Ortiz.
También hubo una reunión con el procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Alejandro Bossatti, y el procurador adjunto, Diego Chacón; con la defensora general del Ministerio Público de la Defensa, Gabriela Burgos, y el defensor adjunto, Matías Luna. Allí se avanzó en delinear pautas de trabajo para fortalecer el intercambio de información sobre la situación del sistema penitenciario y judicial y se acordó realizar intercambios de formación sobre derechos humanos en contextos de encierro.
En cuanto al Poder Legislativo, la delegación se reunió con los diputados provinciales del radicalismo Yael Navarro, Angélica Castillo y Noelia Quispe, con quienes se analizaron diversos proyectos de ley con perspectiva de género y asuntos vinculados a pueblos originarios.
