JUJUY

Negocio inmobiliario

Morales reconoce propiedad privada y rechaza la propiedad comunitaria en Caspalá

La comunidad kolla de Caspalá es pre existente al Estado provincial y el relevamiento de tierras debe realizar el INAI. Aunque Morales dice "regularización de tierras" parece ser un negocio inmobiliario

Morales reconoce propiedad privada y rechaza la propiedad comunitaria en Caspalá

Al pueblo de Caspalá llegaron más efectivos policiales durante el fin de semana, a custodiar quizás la llegada del gobernador Gerardo Morales durante la mañana de hoy. La comunidad kolla de Caspalá repudia esa visita y exige que se cumplan los derechos indígenas, respeto a las leyes nacionales, tratados internacionales con rango constitucional.

Un comunicado emitió el gobierno de la provincia  titulando: “Ordenamiento territorial. Caspalá en proceso de regularización de sus tierras” aparentemente reconoce propiedad privada y rechaza la propiedad comunitaria, dejando ver un negocio inmobilairio en el pueblo más bello del mundo y de un valor cultural invaluable.

En realidad se debería realizar el relevamiento de tierras de comunidades indígenas dando cumplimiento a la Ley 26160. La norma nacional fue sancionada a fines del año 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país, en consonancia con el Artículo 75, Inciso 17, de la Constitución Nacional  dando cumplimiento parcial al Artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT.

La misma fue prorrogada en tres oportunidades: en el año 2009 mediante la Ley 26.554; en el 2013 a través de la Ley 26.894, y en el 2017 mediante la Ley 27.400, y el decreto presidencial 805/21, que ordena la prórroga de la Ley N° 26160 de Emergencia Territorial Indígena hasta el 23 de noviembre de 2025. Es una ley de emergencia y de orden público.

De manera que el relevamiento debe ser realizado por el INAI en el marco de la ley Nacional.

La provincia no tiene facultad para realizar ese relevamiento principalmente porque Caspalá es una comunidad indígena pre existente al estado nacional.

A pesar de las normas nacionales vigentes, el gobierno de Gerardo Morales incumple las mismas buscando despojar a la comunidad y hasta dañando las tierras que poseen sitios arqueológicos que fueron arrasado por las maquinas de la provincia. Y no es que los maquinistas o el gobierno logró un hallazgo arqueológico, sino que en ese terreno de Caspalá que se expropio a la familia Cruz no se hizo un estudio de impacto ambiental.

.El gobierno provincial se apura a lograr objetivos como es la construccion de una escuela, una cancha nueva que el pueblo ya tiene y de un centro de interpretación arqueologica. Esos proyectos no fueron consultados a la comunidad y es más que seguro que el supuesto ordenamiento territorial sea para avanzar con proyectos inmobilairios y turísticos.

Vale recordar que el 17 de octubre pasado Humberto García, secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda encabezó las tareas en Caspalá, informó que “hemos trabajado en el terreno con un equipo importante de agentes de nuestra Secretaría para realizar las inspecciones y relevamientos correspondientes”, según el funcionario dijo “el modo de adjudicación de tierras fiscales que rige en toda la provincia, se lleva adelante en cumplimiento de las leyes de Régimen de Tierras Fiscales y de la 6099, de Ordenamiento Territorial, Uso y Fraccionamiento del Suelo, tomadas por el Plan Jujuy Hábitat para su Sistema de Transparencia para la Adjudicación y por el Plan Mi lote en regla”, sin considerar que son tierras de la comunidad kolla Caspalá. Ese equipo del gobierno hizo firmar declaraciones juradas y completar formularios a caspaleños confundiendo a la comunidad.

Por esas declaraciones juradas, el abogado Alberto Nallar presento unas impugnaciones por ser de mala fe, porque la comunidad indígena no fue informada y además es preexistente al estado nacional.

Y ayer en un nuevo comunicado de prensa el gobierno provincial  expresa que: Caspalá, a pedido de buena parte de los residentes, inició un proceso de regularización dominial por parte del Estado provincial. Se realizó una mensura sobre la totalidad del pueblo, convirtiéndolo en “el primer pueblo de Jujuy en ser mensurado íntegramente”, según reveló Humberto García, Secretario de Ordenamiento Territorial. Dicho régimen “se concretó respetando en su totalidad los actos posesorios ya existentes”, afirmó.

En este sentido la abogada Silvana Llanes, representante de la comunidad  kolla Caspalá, explico que mantuvo un encuentro con el Dr Vicentin, Director de Tierra y Vivienda de la provincia, quien le expresó que “los formularios que firmaron los caspaleños quedarían sin efecto” aunque no hay escrito para dar formalidad a ese acto.

Además, explicó la abogada que “el gobierno solo le reconocería a los pobladores de Caspalá solo la parte urbana, no así los rastrojos, el campo para pastoreo, hacienda, sembradíos. Es decir, le reconocen la casa con un título de propiedad, y el gobierno se quedan con el campo. Es decir, la gente fue engañada le mostraron espejitos de colores. El gobierno no puede hacer nada sin el consentimiento del pueblo originario”.

Por otra parte, agregó que “a Lucia Apaza, presidenta de la comunidad fue presionada por la abogada Ochoa del Ministerio de Pueblos Indígenas para que convenza a la gente que firme esas declaraciones porque si no se quedarán sin tierra”, advirtió la abogada.

 

Es decir que es el INAI quien debería defender también a la comunidad de Caspalá que siendo asediada por el estado provincial con proyectos inmobiliarios. Es así que desde el 18 de noviembre se han profundizado los conflictos en el valle de altura con numerosos hechos de violencia institucional.

Es así que el estado provincial avanza con la firme decisión de la expropiación del terreno de Pablo Cruz Moyoja.

 



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