JUJUY

Por el delito de usurpación por turbación de la posesión

Morales y el MPA emprenden la persecución judicial por las protestas en Campo Verde

El fiscal Maldonado pidió elevar a juicio contra 6 hombres, entre quienes se encuentra el abogado Héctor Huespe, quien señaló que dicho pedido debe ser nulo, ya que no se incorporó las denuncias que realizaron los vecinos a la investigación

Morales y el MPA emprenden la persecución judicial por las protestas en Campo Verde

 

La brutal represión contra la comunidad de Campo Verde por parte de la policía de la provincia dejó expuesto a Gerardo Morales, que un lamentable discurso cargado de violencia ordenó al fiscal del Estado que iniciara acciones legales contra varios vecinos, denuncia que prosperó y que ahora el MPA solicita que sea elevado a juicio.

Fue en el día de ayer, que el sitio online del Ministerio Público de la Acusación informó que la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad del Ministerio Público de la Acusación, dio por finalizada la etapa de Investigación Penal Preparatoria (IPP) en relación a los hechos ocurridos el 17 de marzo, cuando vecinos y vecinas se acercaron al lugar con la intención de impedir el desembarco de las maquinarias que tenían la tarea de comenzar la obra de la escuela.

Durante esa jornada, un amplio despliegue policial que custodiaba el predio dejó escenas que trascendieron las fronteras jujeñas: niñas corridas por policías de Caballería, la diputada del FIT Natalia Morales tomada del pelo y arrastrada por el césped para sacarla de la cancha, misma situación que debió padecer la ahora ex bibliotecaria del barrio, quien se sumó al reclamo de la comunidad y que en consecuencia, el municipio castigó apartándola de su puesto de trabajo.

En consecuencia, el Agente Fiscal Alejandro Maldonado inició una investigación por hechos de violencia que incluyó, según indica el portal, el arrancando postes, cerco perimetral y agresiones a efectivos de la Policía de Jujuy.

Tras finalizar la investigación preparatoria, el fiscal Alejandro Maldonado pidió al Tribunal en lo Criminal Nº 1, citar a juicio a 6 hombres, quienes cometieron los ilícitos por los cuales deberán enfrentar el juicio oral y público, entre los cuales se encuentra el abogado Héctor Huespe, quien patrocina a los vecinos.

En relación a este pedido de elevación a juicio, Huespe explicó a JD: “este es un pedido del fiscal Maldonado al que denunciamos penalmente por todas las irregularidades que vienen teniendo en el transcurso de este proceso, la violación sistemática del derecho de defensa y del debido proceso, lo hemos denunciado penalmente, hemos presentado las pruebas y como Maldonado teme que se nulifique todo lo que él actuó, porque realmente lo hizo en violación de la ley, está solicitando al juez que eleve a juicio investigación que viene llevando él, el tema es que el juicio no puede abrirse esa etapa procesal porque está pendiente en producción un montón de pruebas sobre los hechos, incluso mi declaración indagatoria, que ha sido nula” y que realizó el mismo día en que fue detenido y sustraído su teléfono celular.

Sobre ese día, Huespe indicó “he pedido la presencia del juez de garantía y el juez no se presentó, entonces todavía queda mi declaración indagatoria”.

En relación a lo ocurrido en Campo Verde, el abogado explicó “hemos realizado las denuncias en contra por todo lo que pasó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” por lo que considera que el pedido de elevación a juicio del fiscal del MPA responde a “intentar de algún modo evitar las nulidades de este proceso, absolutamente ilegal que viene llevando adelante en contra mía, en contra de los 5 vecinos de Campo Verde que también han sido detenidos ilegalmente luego de la brutal represión que sufrieron”.

Y agregó “esto demuestra que en Jujuy no existe el estado derecho y que el Ministerio Público de la Acusación de Lello Sánchez y compañía es el brazo inquisitorio de Gerardo Morales, un organismo creado por él, que es inconstitucional y qué sirve solamente para poner en caja, amedrentar, meter miedo a todos los ciudadanos que de alguna u otra forma, necesitan defender sus derechos en contra del estado provincial”.

Por otra parte, el abogado patrocinante de la comunidad explicó “las amenazas de Gerardo Morales en Campo Verde fueron públicas, le dijo el fiscal que los metan preso a todos y también dijo que lo que estaban haciendo era un delito y a pesar que no ha sido un delito, lo que hacen los fiscales es imputar un delito, es decir, el MPA responde a las órdenes directas de Gerardo Morales”.

Otro de los cuestionamientos que evidenció Huespe, se debe a que las denuncias realizadas por los vecinos no fueron agregadas a la investigación, pese a que se trata de un mismo hecho.

“Han separado las denuncias de los vecinos de Campo Verde para poder imputar a los vecinos sin investigar las denuncias que realizaron previamente los mismos con mi patrocinio letrado y esto lo hacen porque sino no me podrían imputar a mí ni a ellos”, consideró ya que esto permitiría explicar que Huespe actuaba en ejercicio de su profesión.

Frente a ello, el abogado adelantó, que además de pedir la nulidad de elevación a juicio, también requerirán que se unifiquen los expedientes de las denuncias de los vecinos con lo de la investigación judicial en la cual están siendo acusados.

Pese a ello, Huespe resaltó que se siente “tranquilo porque no existe ningún hecho que haya ocurrido que yo haya cometido un delito” como así también por el “acompañamiento permanente de la gente, que también está cansada de estas persecuciones, de estas mentiras, de la misma mesa chica de siempre compuesta por Gerardo Morales Rubén Rivarola y todos los que han vivido del estado en los últimos 40 años”.

Las declaraciones del dirigente también se deben al clima pre eleccionario que se vive en la provincia, en la cual, sostuvo que mientras el MPA es el “brazo inquisitorio” del gobernador, el presidente del PJ y dueño de un diario Rubén Rivarola “es el brazo ejecutor de esta persecución política judicial comunicacional de lawfare”, que tiene como víctimas a opositores, reabriendo investigaciones judiciales como la conocida “Megacausa”.

 



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