JUJUY

Señalaron que EJESA se enriqueció con la medida

Pedido de juicio político al Directorio de la SUSEPU por el tarifazo eléctrico en Jujuy

Carlos Oehler, Hugo Montaño y Martín Llamas fueron acusados de haber incumplido sus deberes de funcionarios públicos y abuso de autoridad. Ello a consecuencia de permitir una suba ilegal, desproporcionada e injustificada

Pedido de juicio político al Directorio de la SUSEPU por el tarifazo eléctrico en Jujuy

 

Pasados los meses de bajas temperaturas, en Jujuy persiste la llegada de las boletas de la electricidad con incrementos considerables que habilitó la SUSEPU a EJESA, por lo que un grupo de referentes presentó en la Legislatura un pedido de juicio político al Directorio del organismo contralor, responsable del tarifazo.

Carlos Oehler, Hugo Montaño y Martín Llamas (que pasó al STJ) fueron acusados de haber incumplido sus deberes de funcionarios públicos y de abuso de autoridad, todo ello, tras aprobar la resolución en la cual se concedió a la empresa concesionaria “una refacturación nunca informada, retroactiva y que implicó aumentos que van desde el 42% al 2500%, dando un promedio de aumento del 690% de la readecuación tarifaria y de manera retroactiva”, detalla la presentación.

Eso sin contar que además la SUSEPU nunca cumplió con los procedimientos administrativos ni legales de la audiencia pública en la cual se discutió los incrementos.

Señalando que la medida perjudicó a más de 55 usuarios y usuarias, el pedido de juicio político al Directorio de la SUSEPU también sostiene que ello permitió a EJESA obtener un “enriquecimiento ilegal e injustificado”.

 

Un órgano de contralor sin control

Para argumentar el pedido de expulsión de los 3 funcionarios, el documento detalla cronológicamente como se sucedieron las acciones de la SUSEPU que permitieron los aumentos tarifarios que consideraron “ilegales por exorbitantes, desproporcionados, gravosos e injustificados”.

El 3 de mayo de este año, se convocó a audiencia pública para analizar una readecuación tarifaria, “luego autorizaron el aumento para que opere desde el 01 de mayo de 2022”, explica.

Sin embargo, dicha readecuación se realizó sin cumplir con la resolución anterior: en febrero de 2021 se había subscrito un “acuerdo de transición entre la Secretaria de Energía de la Provincia, EJE SA, y la SUSEPU, donde se acordó establecer un período tarifario de transición hasta la realización de la revisión tarifaria extraordinaria, con fecha de finalización el 1° de diciembre de 2022. Ratificada por las Resoluciones N° 118-ISPTyV-2021 y 121-ISPTyV-2021”, recuerda.

En la misma dirección, la presentación marcó otra irregularidad, la audiencia se fijó para el 24 de mayo, cuando el tiempo mínimo para hacerlo es de 30 días (al 3 de mayo sólo se computan 21 días).

Y agrega sobre la polémica resolución 182 “con fecha 28 de junio del 2022, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy, el día 8 de agosto de 2022, fijando tarifa retroactiva para el 1° de mayo, por lo cual es arbitraria, infundada, injustificado, desproporcionado y causa un grave daños a los ciudadanos y ciudadanas de la Provincia de Jujuy, vulnerado derechos y garantías que establece la Constitución Nacional”.

Dicha refacturación se hizo formal recién en agosto, mes donde usuarios y usuarias vieron en sus boletas cifras exorbitantes.

Y cuestionó el accionar del organismo frente a la suba indiscriminada al recordar “la SUSEPU tiene recursos que provienen de manera directa de cada boleta facturada, por lo cual cada uno de los ciudadanos y ciudadanos de Jujuy, que le pagan mensualmente y de forma directa a este ente autárquico, no se incorpora a una caja para distribuir, los recursos llegan de manera directa a la institución. Es decir que se les paga de manera directa y se desfavorecen a quienes aportan al sostenimiento”.

“De qué manera se puede cobrar desde el 01 de mayo una tarifa nueva que no estaba ni siquiera analizada por la propia SUSEPU, su directorio, permitió a sabiendas, que sin derecho la empresa iba a enriquecerse, sin causa y generó con ello el empobrecimiento de la comunidad toda”, motivos por los cuales se fundamenta el pedido de apartamiento de toda la cúpula del organismo que no veló por los derechos de la ciudadanía.

 



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