La imputación del ex Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez por “peculado de servicio”, provocó preocupación en la querella y solicitan la detención del exfuncionario por posible fuga o entorpecimiento en la causa.
La investigación que se le sigue describe una conducta sistemática: durante su gestión como Procurador General del MPA, Lello Sánchez habría utilizado empleados estatales para tareas domésticas y personales ajenas al servicio público, y vehículos oficiales para uso propio y de su familia. Además, se sumó una nueva denuncia por inducir terror a las víctimas, proceso que seguirá un Juez de Control ya que Lello recusó a la fiscal Daiana Serrano Antar, que lo investiga por hechos que van desde junio del 2021 al 2025.
Luego de asumir su propia defensa, el ex procurador solicitó una mediación penal, mecanismo alternativo de resolución de conflictos que permite llegar a un acuerdo sin necesidad de un juicio oral. La viabilidad de esa vía depende de la posición que adopte el MPA: en casos de corrupción con impacto institucional, la fiscalía suele resistir ese tipo de salidas.
La imputación provocó un gran escándalo político judicial: el ex procurador fue brazo ejecutor de una política de persecución a opositores que inauguró Gerardo Morales y que Lello cumplió desde febrero de 2016 con la reestructuración del sistema penal acusatorio en la provincia.
Los escándalos judiciales son un “numerazo de expedientes” e incluye a dirigentes como Milagro Sala, Eduardo Fellner, Rolando Ficoseco y siguen nombres de ex funcionarios. Así, Morales y Lello disciplinaron el terreno partidario en la provincia.
Lello Sánchez pasó una década plagada de cuestionamientos, denuncias y dos pedidos de juicio políticos, el primero fue promovido por el ex juez de Control Jorge Zurueta, quien tras 28 años de carrera judicial, terminó renunciando. Así, dicho pedido fue archivado. En esa oportunidad, el ex magistrado denunció por encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Aseguró que el ex fiscal general lo persiguió porque concedió un amparo a manifestantes en el jujeñazo. Ese fue el inicio para destituir con una causa armada a Zurueta.
“Cuando presenté el jury en horas quedó archivado. Me persiguió porque para él yo era un antisistema. Lo mismos que están investigando ahora, yo ya lo había denunciado a Lello amenazaba no solo a fiscales, los denunciaba y a jueces. La sociedad tiene que saber el tipo de persona que teníamos al frente del MPA. El armador de las causas”, afirmó Zurueta víctima como sus pares jueces de Control, Gastón Mercau.
La denuncia penal presentada por el ex magistrado responde a 5 expedientes que el MPA no investigó, una en particular en el cual el propio Lello Sánchez es señalado por haber golpeado a un menor, hijo de su pareja. Las acusaciones son graves e incluyen la privación ilegítima de la libertad, realización de allanamientos y secuestro de pruebas sin orden judicial, entre otros.
En esa oportunidad, el jury fue archivado en la Legislatura Provincial con el apoyo de los bloques mayoritarios UCR y PJ porque la figura de Fiscal General en noviembre de 2023 había cambiado a Procurador General del MPA. Hasta ese entonces, el apoyo político a Lello Sánchez estaba intacto, aunque en 2025 le soltaron la mano cuando en 2025 se enteraron que el ex procurador tenía carpetazos para todos y todas. Allí es cuando ingresa el segundo pedido de juicio político y terminó renunciando.
Lello marcó una época negra en el poder judicial por 10 años, fue el armador de causas a fiscales, jueces, jujeños que no cedieron al poder del ex funcionario judicial. Aunque el 90% estaba a sus pies y varios premiados con cargos. En tanto los rebeldes eran removidos, trasladados o frezados. Entre ellos fue víctima el actual Procurador del MPA, Alejandro Bossati.
En todos esos años, Lello persiguió militantes, dirigentes del campo popular comunidades indígenas allanando el camino para el proyecto político del oficialismo. Para ello utilizó a fiscales y jueces para el armado de causas tuvo leales soldados que también fueron denunciados.
Terror en el MPA
El ex Procurador sembró terror en el MPA con persecuciones a propios y ajenos, era a voces calificado como un “tirano” y “desquiciado”, por el abuso de poder que ejercía en ese organismo. Desde el espionaje ilegal para armar causas, utilizar autos secuestrados para su provecho y entregar autos de alta gama a funcionarios provinciales.
Empleados de ese organismo, abogados, abogadas, fiscales sintieron alivio cuando renunció en octubre del 2025 por el segundo juicio político en la legislatura provincial que no pudo sortear frente a los rumores de posibles causas para funcionarios y ex funcionarios, entre ellos, Gerardo Morales, Carlos Sadir y una lista que también tenía a cortesanos y diputados provinciales.
En esa oportunidad el pedido de juicio político fue impulsado por: Walter Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos. Varios de ellos ex funcionarios judiciales que en su momento fueron perseguidos por el ahora ex Procurador, incluso, algunos de ellos leales a Lello, un ejemplo es el del también denunciado Walter Rondón que hoy ocupa en un cargo en el Poder Judicial, así como el ex fiscal Gil Urquiola hoy Secretario de Seguridad de la provincia. Pareciera que fueron premiados en la función pública a pesar de haber sido cómplices del abuso de poder de Lello Sánchez.
Bochornosa trayectoria de Lello
El derrotero de Lello Sánchez se inicia en 2016 cuando se crea el organismo extra judicial. Hasta el 2023 con la Reforma donde se incorpora al MPA, el órgano fue tildado de inconstitucional. Así, pasado tres años de su nombramiento, en 2019, Fiscales y Procuradores generales de los Consejos de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina declararon “inepto éticamente” al Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy Sergio Lello Sánchez, para pertenecer a las Asociaciones. Eso ocurría en el marco de los escandalosos juicios políticos que se iniciaron en la Legislatura de Jujuy, entre otras acciones llevadas adelante por el titular del MPA. Se trataban de dos juicios políticos, el primero al fiscal General Alejandro Ficoseco y el segundo es contra tres integrantes del Tribunal de Cuentas.
Esos juicios políticos pusieron en la vidriera la falta de independencia de poderes en la provincia y donde el MPA fue cuestionado duramente por fiscales y procuradores generales que dieron cuenta y nacionalizaron el conflicto institucional de la provincia.
El machismo judicial
El caso de Agustina Aramayo corresponde a una denuncia penal presentada en 2019 ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Jujuy contra el titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, por acoso, hostigamiento, violencia laboral y de género. La respuesta de Lello Sánchez fue organizar una conferencia con 13 fiscales varones para que defiendan su “prestigio” y repudien la denuncia de la abogada.
El fiscal de esa causa era Diego Cussel que no investigó la denuncia penal contra Lello Sánchez, por el contrario, Cussel y Lello Sánchez abrieron un sumario administrativo contra Aramayo utilizándolo para apartarla de su cargo debido a las denuncias públicas que ella realizó.
El escándalo se frenó en el 2021 cuando el STJ emitió una medida cautelar ordenando a Lello Sánchez suspender el sumario administrativo en contra de Aramayo y abstenerse de tomar decisiones que afectaran sus derechos laborales. El premio para Cussel es que hoy es Fiscal de Estado.
Jugó con la libertad de las personas
El “caso Pederiva” es otra mancha judicial para Lello respecto al armado de causas y que también implica al senador libertario, Ezequiel Atauche.
En junio de 2024, Facundo Pederiva tras una relación sentimental con la exesposa del senador Atauche, fue denunciado por un presunto delito de grooming contra una menor. La causa se inició un domingo y, en pocas horas, Pederiva fue detenido por 49 días. El hecho tiene similitudes a la causa de los tuiteros cuando fueron denunciados por la esposa de Gerardo Morales.
En prisión, el joven empresario denunció el aparato judicial del MPA que fabricó múltiples causas por delitos de corrupción de menores, narcotráfico y violencia de género y del cual fue víctima. También denunció haber sufrido maltratos físicos y plantado de drogas. El caso dio un giro cuando la defensa presentó pruebas de chats cruzados entre el senador Atauche y el ex procurador Lello Sánchez, lo que llevó a sospechar que el encarcelamiento fue una maniobra de venganza personal. El abogado de Pederiva solicitó el desafuero y detención de ambos. Por su parte, la jueza interviniente dictó el cese de detención de Pederiva al entender que no existía peligro de entorpecimiento luego de pasar 49 días privado de su libertad.
A principios de 2026, la justicia provincial suspendió el avance del juicio original para evitar nulidades, mientras avanza la investigación paralela que busca imputar a los funcionarios por el supuesto armado de las denuncias. Así también espera ser sobreseído.
El abogado de la querella de Pederiva, Julián Martín Palmieri ante la imputación de Lello por peculado dijo que “hemos solicitado la detención de Lello, ese tipo es un peligro y en libertad puede entorpecer la investigación. La causa de Pederiva está en una instancia donde se dirime si es provincial o en el foro federal por el senador que estamos acusando” manifestó el abogado.
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