“Cultura institucional: construir cuidado, sostener trayectorias y acompañar la escuela”, así se denomina la jornada institucional que se llevará a cabo este jueves en la provincia y en la que deberán asistir docentes, sector que criticó la iniciativa por tratarse de un “protocolo de papel”, ante situaciones sociales criticas que se desarrollan dentro de las aulas y donde sólo educadores toman la responsabilidad.
Mientras que funcionarias presentaron al Protocolo de Actuación ante Problemáticas Complejas en las Instituciones Educativas -Nº7621- como una herramienta que institucionaliza el liderazgo y el apoyo entre colegas, además de crear un sostén para intervenir en situaciones complejas, la agrupación de educadores Hormiguero Docente criticó la implementación de esta resolución en 2025, por tratarse de un mero acto administrativo, en lugar de aplicar herramientas de contención.
En ese sentido, hicieron una comparación entre lo escrito y lo que realmente ocurre dentro de las instituciones:
“Se aplica obligatoriamente en todos los niveles (Inicial, Primario, Secundario) y modalidades. Regula la intervención ante: Violencia, Consumos Problemáticos, Autolesiones/Suicidio y Bullying. La realidad en el aula: Nos tiran encima problemáticas sociales estructurales gravísimas sin darnos presupuesto, gabinetes psicopedagógicos fijos ni especialistas en territorio. Pretenden apagar incendios sociales con parches de papel”.
Asimismo, indicaron que docentes terminan siendo tratados como “funcionarios públicos”, al ser obligados legalmente a “denunciar inmediatamente en sede policial o judicial (MPA). Omitir esto acarrea responsabilidad penal y administrativa. La realidad en el aula: Nos transfieren toda la responsabilidad penal de la crisis social. Si el protocolo falla, la cuerda se corta por el hilo más delgado: el docente. Persecución laboral en lugar de amparo institucional”.
Otro punto señala la preponderancia sobre la burocracia por sobre la contención al destacar que “el docente labra un acta textual y entrecomillada (sin firma del menor). El directivo judicializa y llama al DAI (que atiende solo de lunes a viernes de 7 a 19 hs). La realidad en el aula: Pasamos más tiempo llenando actas por triplicado y corriendo a las comisarías que conteniendo al estudiante o enseñando. ¿Y si la crisis es un viernes a la noche o un fin de semana? El DAI cierra y la escuela queda sola”.
Además, la agrupación criticó la situación de indefensión que quedan respecto a apartamientos preventivos en casos donde son acusados de agresión y en los que se debe iniciar -por protocolo- un sumario. Allí apuntaron que el Ministerio de Educación “pisotea la presunción de inocencia”, pero también realiza un “escarnio público”, por lo que educadores acusados quedan desamparados “antes de investigar qué pasó. Que no tiene un tiempo ni plazos estipulados”, afectando así la percepción de sus salarios.
La otra polémica también surge respecto a las recientes declaraciones de Daniela Teseira, que afirmó que la cartera no abrirá Gabinetes Psicopedagógicos en las escuelas, aduciendo que deben intervenir profesionales del área de la salud, dependiente de otro ministerio y no al de Educación. Frente a la creciente situaciones de violencia que se viven cotidianamente en las aulas, el protocolo establece a estudiantes agresores “a realizar tareas comunitarias de limpieza o mantenimiento en el edificio. La realidad en el aula: una medida improvisada que vacía de sentido pedagógico la convivencia y atrasa décadas. Además, nos suma otra carga: ahora los docentes tenemos que hacer de ‘guardiacárceles’ y supervisar tareas de limpieza”, criticaron por la falta de criterio.
Así, docentes consideraron que debe haber “menos burocracia persecutoria” y que cada escuela cuente con un Gabinetes interdisciplinarios fijos, siendo que son educadores quienes cumplen el “verdadero resguardo legal y emocional”.
