Represión, desalojo, detenciones y viviendas demolidas, otra vez en contra de una comunidad indígena

Sin importar la presencia de menores, este lunes un importante operativo policial interrumpió en el territorio de la comunidad indígena de Santa Rosa en Humahuaca, el resultado fue una brutal represión, el desalojo y la demolición de las viviendas, hecho fue repudiado y exigen justicia.

Con la presencia del juez de Paz Pedro Apaza, la orden para ejecutar el despojo a la familia Soruco señalaba las 10 de la mañana, recién una hora más tarde, cuando el cordón policial y la maquinaria se apostó, dieron aviso a sus miembros para que dejarán por su cuenta la vivienda donde vivían. Les dieron un plazo de media hora. Así, alrededor del mediodía, la familia despojada junto a la comunidad resistió el avance de efectivos. La respuesta institucional fue lanzar gases lacrimógenos y disparar balas de goma. En el lugar había ocho menores de edad entre 1 y 7 años que agentes de seguridad se llevaron sin brindar ningún tipo de información. También había mujeres ancianas. Aún así, las fuerzas de seguridad avanzaron contra la comunidad. Tras la denuncia de la ausencia de los niños, en horas de la tarde fueron restituidos a sus familias.

En total, fueron tres las casas demolidas y 9 personas detenidas que trasladaron a la Seccional 15 de Humahuaca, por lo que las abogadas Silvana Llanes, Mariana Vargas y Alejandra Cejas presentaron un habeas corpus para exigir la liberación de Yolanda Haidé Soruco, Griselda Pamela Soruco, Santiago Reyes Soruco, Armando Soruco, Silvana Esmeralda Choque, Paola Agustina Velázquez, entre otros comuneros que en horas de la noche recuperaron su libertad.

Habeas corpus exigiendo la lberación de detenidos

El despojo fue habilitado por el juez en Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón -ayer no estuvo presente-, pese a que el conflicto territorial se basa en documentación de la Dirección de Inmuebles con errores: el plano Nº0809 aprobado por Catastro no coincide con los límites y ocupación real de los terrenos de la familia Soruco y familia Guary, superposición que aprovechó la comunera Melitona Zerpa Ciares de Chauqui, señalada de tener nexos con funcionarios del gobierno de la provincia, de hecho, su abogado en el conflicto es Rubén Tabarcache, secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.