“Mientras miles de docentes pelean por el salario y enfrentan el ajuste del gobierno, Vélez se acomoda con el mismo gobierno con el que actuó para impedir que la docencia recuperara su sindicato”, así catalogaron desde la agrupación docente 9 de Abri, el reciente nombramiento de quien fuera la última secretaria general de ADEP como supervisora de Nivel Primario en Región VI.
La dura acusación tiene un trasfondo: Silvia Vélez fue acusada de ser la responsable del fraude de las elecciones del gremio de maestros y maestras en 2024, cuando la Junta Electoral -que había recibido advertencias sobre las irregularidades de cara a los comicios- deja sin efecto la votación que habían realizado docentes. La lista opositora Naranja el mismo día de la elección había señalado un amplio triunfo por sobre el espacio que encabezaba Vélez, hasta ese entonces secretaria general de ADEP. Ese fue el inicio de la acefalía que ya lleva casi dos años.
Silvia Vélez asumió como supervisora
Misma situación se repitió en lo que fue la votación de las autoridades de CTERA: la Junta Electoral (designada por la Junta Provisoria que tenía a integrantes de la Comisión Directiva de la gestión Vélez) impidió el ingreso de referentes de la lista Multicolor para realizar el escrutinio. Por su parte, la ex secretaria general de ADEP salió a la calle a festejar un dudoso triunfo. Allí también estaba Santiago Hamud de la CTA, central que administra las cuotas societarias de maestros y maestras tras la acefalía del gremio.
El desembarco de Vélez como funcionaria del gobierno se debe al llamado que hizo la Dirección de Educación Primaria a concurso para cubrir los cargos vacantes de Supervisores de Zona de Nivel Primario y Supervisor de Zona de Educación Física, con carácter provisional, en las Regiones Educativas I, II, III, IV, V, VI y VII. Vélez terminó quedándose como supervisora de Región VI de Nivel Primario.
Las acusaciones señalan que la dirigenta ni siquiera cumple con los requisitos en el LUOM -Listado Único de Orden de Mérito-, por lo que desde la agrupación 9 de Abril concluyeron “así funciona el pacto entre Sadir y Vélez: el gobierno sostiene a quienes usurparon ADEP, les garantiza el control de los recursos provenientes de las cuotas de sus afiliados y premia a su conducción con cargos. A cambio, obtiene una burocracia sindical cómplice, que no está al servicio de las y los docentes”.
Y recordaron “cuando esa burocracia necesita que el gobierno intervenga para sostener sus maniobras, cuenta con la Policía contra la docencia, como ocurrió durante la elección de CTERA”.
Asimismo, apuntaron sobre este nombramiento “no es casualidad. Mientras las y los docentes luchan por el salario y por recuperar su sindicato, quienes impidieron que se respetara su voluntad reciben cargos y garantías para seguir manejando ADEP”.
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