JUJUY

En la cuarta sesión

Sin debate, legisladores provinciales tuvieron que aprobar la remediación institucional a Caspalá

El proyecto llegó 6 meses después de la orden judicial y de 2 años que el mismo cuerpo de diputados alzara las manos para expropiar la cancha y una finca. Los femicidios y el caso de Tamara Fierro se colaron en el recinto

Foto: Sisas
Foto: Sisas

 

Después de un mes y medio, la Cámara volvió a sesionar tras el paso las elecciones del 11 de mayo que dejó paralizado el recinto parlamentario momentáneamente y que ayer retomó su actividad con la aprobación de cuatro leyes enviadas por el Ejecutivo. Tal como no ocurría desde hace tiempo, el titular de la Casa de Piedra, Alberto Bernis volvió a presidir el encuentro.

Entre los proyectos enviados, legisladores debieron definir sobre la reparación y restitución de la cancha y una finca a la comunidad de Caspalá, el cual aprobaron sin mediar explicación, solo levantaron la mano. Se trata del Acuerdo de Reparación Integral, celebrado entre la Unidad Fiscal Federal y la Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy el de 13 de noviembre de 2024.

Tuvieron que transcurrir 6 meses para que la Legislatura se hiciera eco de la orden judicial de restituir las tierras a la comunidad indígena que sufrió el atropello del ex gobernador Gerardo Morales. El 18 de noviembre de 2022 reprimió a la comunidad y desató la violencia institucional en el pueblo de valle de altura expropiando tierras con el argumento de construir una escuela.

En silencio y en apenas dos minutos, los legisladores aprobaron la restitución en la cuarta sesión, repitiendo su accionar de hace dos años atrás, cuando levantaron la mano desconociendo el daño que infligían al pueblo y sin conocer la documentación de la comunidad kolla de Caspalá. Así, ahora tuvieron que aceptar la remediación institucional sin peros. Solo la diputada del FITU, Natalia Morales hizo uso de la palabra tras la sanción de la ley y relató el avasallamiento del oficialismo contra la comunidad de Caspalá. 

Además de ingresar pedidos de acuerdo para designaciones en el Poder Judicial, el parlamento jujeño aprobó otras leyes como la creación del Parque Natural Provincial La Reina -N°6460- que protegerá flora y fauna en aproximadamente 15 mil hectáreas vecinas al Parque Nacional El Rey. El objetivo es fomentar el turismo ecológico y el desarrollo local en San Juan de Dios. Las hectáreas fueron donadas por el Banco de Bosques a través de un Fideicomiso Las Orquídeas (BO N°35 del 26/3/2025) a la provincia de Jujuy para la creación de un Parque provincial. 

También se sancionó la ley Nº6462, que establece que la escuela N°378 de La Banda llevará el nombre Nuestra Señora del Carmen, elegido por la comunidad educativa, y la ley N°6463: Los excombatientes de Malvinas podrán tomar la promesa a la Bandera a estudiantes de 4° grado, fortaleciendo el valor de la soberanía y la memoria.

Respecto a la ley N°6458 que impulsa la difusión de la línea gratuita “Podemos Hablar – Jujuy te escucha” (0800-888-4363) para víctimas de violencia por motivos de género, en las cuestiones previas, la problemática se coló en la discusión. Legisladoras recordaron los dos femicidios de Angelina González y Paola Vargas ocurridos en mayo con apenas 10 días de diferencia. Asimismo, por estas horas se espera que se identifiquen los restos hallados el lunes que podrían ser de Tamara Fierro desaparecida el 24 de mayo.

Los cuestionamientos giraron en torno a la situación de la ley Iara y la falta de presupuesto para la implementación de la emergencia en violencia de género sancionada en 2020. Además, se puso el foco sobre el Consejo de la Mujer, órgano que implementa la ley Iara y del cual no hay informes ni voces desde ese espacio. La legisladora de la izquierda Morales solicitó que la titular del Consejo brinde información a la Cámara.

Los protocolos, las políticas públicas en materia de género, la perspectiva de género retrocede en cada caso de femicidio, las denuncias han aumentado y la violencia atraviesa al propio Estado.

Ante tantos planteos, la diputada radical, Gisel Bravo expuso que “el Consejo de la Mujer tiene rango constitucional” dando jerarquía a un consejo que no funciona ni cuando se creó ni ahora.  La legisladora respondió los interrogantes con una no respuesta.

En tanto la legisladora Patricia Armella del PJ evaluó la situación “conmocionada y con mucha responsabilidad poder determinar responsabilidad valga la redundancia, a quien le corresponde. El gobierno nacional desde lo discursivo está generando odio entre la sociedad, desmantelando políticas públicas, programas muy valiosos para luchar contra la violencia de género que existe. A pesar que los diputados, senadores que nos representan no se expresan al respecto que en Jujuy existe”.

La legisladora hizo mención al número 0800 que aprobaron para dar respuesta a la problemática y señaló “el ex ministro de Seguridad ha decidido que todo ese personal capacitado se vaya al Ministerio Público a la Acusación sin dar respuesta. Entonces, es necesario que el Consejo de la Mujer, más allá del presupuesto que esté destinando, convoque al Consejo ad honorem, vea que perspectiva tienen cada uno de los ministros, si es totalmente necesario, porque lo mismo nos pasa con el Ministro de Salud con otra demanda de la comunidad LGTB, que no tienen acceso a la medicación, que no tienen acceso a la atención y que todo tiene que ver con todo, pero no tan solo lo presupuestario, sino también la perspectiva o la falta de perspectiva de los ministros”.



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