Superávit fiscal y cuentas millonarias en el mercado financiero que se contraponen con la realidad de la mayoría de trabajadores de la administración pública de la provincia que tienen sueldos de pobreza, todo, resultado del ajuste salarial que impone el gobierno radical desde 2016 -con Gerardo Morales a la cabeza del Ejecutivo- y que sigue extendiéndose hasta la fecha al no convocar a reuniones paritarias, reclamo que hizo llegar el CEDEMS.
Pasó agosto y el gobierno de Sadir se valió de la aplicación del 4% de incremento impuesto en los haberes de julio para no negociar nuevos aumentos. El último ofrecimiento se hizo a principios del mes pasado y apuntó a actualizar en julio los salarios un 2% y otro porcentaje igual en agosto. Ante el rechazo generalizado, el Ejecutivo decidió aplicar en un solo tramo la mejora. En el medio, docentes iniciaron un plan de lucha que incluyó un paro de 72 horas en el nivel inicial, primario, secundario y terciario. La respuesta de las autoridades fue descontar los días de huelga, desconociendo del derecho constitucional. En paralelo, la ministra Daniela Teseira junto a funcionarios y funcionarias de la cartera educativa tuvieron que salir a defender la suma extraordinaria de 1 y 2 millones de pesos que perciben desde marzo por un decreto del gobernador.
Así, CEDEMS y las bases de ADEP continuaron con un plan de lucha que fue suspendido para mostrar la voluntad de diálogo con las autoridades. Sólo quedó en eso, porque nadie del Ejecutivo volvió a convocar a la mesa de negociación a docentes, hecho por el cual CEDEMS envió una nota a la Secretaría de Trabajo para que reabra la mesa técnica paritaria.
El sindicato consideró que con la “dilación injustificada” del llamado, el Ejecutivo vulnera los “derechos laborales básicos y afecta directamente al sistema educativo”.
La nota fue presentada el miércoles pasado y hasta la fecha ningún funcionario se expidió sobre tema, recalentando así el clima de conflictividad.
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