En vigencia desde el pasado 10 de octubre, la Resolución 5910 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -ARCA- establecía el límite de egreso de mercadería envasada hasta 10 kilos, además de la prohibición de la venta de granos, puntos que quedaron suspendidos por 120 días.
La marcha atrás fue anunciada por el sitio gubernamental de Salta: “los cambios quedaron establecidos en la Resolución General 5914”, señala el comunicado, además de aclarar que la normativa entrará en vigencia cuando se publicada en el Boletín Oficial y se espera que sea hoy. Asimismo, se indicó que habrá mesas de trabajo para analizar la situación comercial en la frontera y cómo deberían introducirse las modificaciones pretendidas.
La decisión de dejar sin efecto transitoriamente dos incisos del punto 7 de la resolución 5910, el primero, el c que menciona la prohibición de egreso total de “los granos (trigo, soja y maíz) en todas sus formas, en atención a su carácter de materia prima y su potencial afectación a circuitos comerciales”, en tanto que el inciso d establece lo mismo para “las mercaderías acondicionadas en envases iguales o superiores a DIEZ (10) kilogramos, o su equivalente en volumen, por no corresponder a formatos habituales de consumo personal, familiar o del hogar”.
Así, lo que sigue en pie es la valoración de hasta 150 dólares de egreso en mercadería.
La postergación de estos incisos llegó después de la reunión que mantuvo el mandatario salteño Gustavo Saénz con el con el director del organismo, Andrés Vázquez y el titular de Aduanas. El gobernador se hizo eco de los amparos presentados tanto por Adrián Zigarán, interventor de la ciudad de Aguas Blancas -el municipio está intervenido desde 2024- como así también por parte de la Cámara de Comercio de Salvador Mazza.
Misma jugada realizó el jefe comunal de La Quiaca, Dante Velázquez, quien en medio de las movilizaciones convocadas por comerciantes de la ciudad fronteriza jujeña y la advertencia que si no había soluciones, las medidas iban a ser más drásticas, intentó colgarse el logro de la suspensión de la medida, siendo que el recurso que presentó ante la justicia fue posterior.
El malestar por la posibilidad de la pérdida de 3.500 puestos de trabajo -directo e indirecto- en La Quiaca, también hizo que Carlos Sadir debiera tomar cartas en el asunto y prometió mantener un encuentro con comerciantes quiaqueños este viernes a las 10. Sin embargo, ayer ya se expidió sobre el conflicto “detrás de cada comercio fronterizo hay familias que viven de su trabajo y necesitan esos ingresos para sostener sus hogares”, dando así su respaldo al reclamo de trabajadores y comerciantes.
En paralelo, Sadir se juega otro proyecto: recientemente, el gobernador concedió al conglomerado israelí Falic Group para que desarrolle la zona franca en La Quiaca, por lo que se espera que la ciudad fronteriza sea un punto de amplio movimiento comercial, por lo que la resolución del ARCA puede llegar a perjudicar dicho desarrollo.
