El oficialismo logró imponer en Diputados su ley de Discapacidad, pero tuvo que conceder cambios

En una sesión de alta intensidad y tras más de cuatro horas de discusión, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad. La iniciativa cosechada en el recinto arrojó un contundente resultado de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, logrando un consenso transversal que ahora deberá ser revalidado en el Senado. Sin embargo, la amplia ventaja numérica no opacó la trastienda de una negociación donde los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo obligaron al oficialismo a modificar el texto original para blindar partidas frente al Presupuesto 2027.

El dictamen definitivo, impulsado formalmente por La Libertad Avanza tras aceptar modificaciones de la oposición, funcionó como un dique de contención frente a los recortes planteados por la Casa Rosada.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70% del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del Poder Ejecutivo.

Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027.

Fuente: Tiempo Argentino