Cumpliendo con el parafraseo de Javier Milei “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, ayer sindicatos y frentes universitarios rechazaron la propuesta salarial que lanzó el Ejecutivo nacional y desde el martes 16 hasta el sábado 20 cumplirán con un paro, medida que también fue acatada en Jujuy.
La postura de la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU HISTÓRICA a la cual adhiere el gremio jujeño de ADIUNJU es que el gobierno cumpla con la ley de Financiamiento Universitario, vigente y judicializada.
En principio, las masivas movilizaciones federales que hubo hizo que la gestión libertaria debiera convocar sindicatos y entidades universitarias a paritarias, algo a lo que se había negado desde la asunción en diciembre de 2023. Así, luego de dos años de gobierno, el Ejecutivo nacional presentó formalmente una propuesta de actualización salarial, la cual contemplaba un incremento de la masa salarial del 24,33 % dispuesto de la siguiente forma: un incremento del 21,33 % en junio sobre los básicos vigentes a mayo de 2026 y del 3 % en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. Asimismo, se prometió abrir la paritaria el 15 de septiembre y luego cada tres meses, además que la discusión iba adecuarse a los índices de inflación y recomponer el desfasaje salarial que se arrastra desde 2024.
El ofrecimiento, además incluía un incremento del 20 % para los gastos de funcionamiento, del 50 % en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional a la prevista en el presupuesto 2026 para los hospitales universitarios.
A pesar de ello, las mejoras fueron consideradas por el Consejo Interuniversitario Nacional como “insuficiente” y que ello no resolvía el problema estructural, por lo que la decisión fue que se respete el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario que fuera aprobado en 2025, vetado por el presidente y vuelto a ratificar en el Congreso. Sin posibilidad de dar marcha atrás, el gobierno de Milei la tuvo que poner en vigencia, pero sigue sin cumplirla, por lo que sindicatos universitarios apelaron a la justicia.
En paralelo, el oficialismo quiere dejar sin efecto esa normativa e impulsó un nuevo proyecto donde desconoce la pérdida salarial del 2024.
