POLÍTICA

La reforma laboral agudiza los problemas

8 M: Las desigualdades de género se profundizan

El mercado de trabajo sigue siendo el principal escenario de desigualdad de género, en donde la brecha salarial llega al 40% en el sector informal. Mientras la pobreza se feminiza, el gobierno consolida el desmantelamiento de las políticas públicas con

8 M: Las desigualdades de género se profundizan

 

Desde el Observatorio de Género del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se elaboró un informe en un nuevo aniversario del 8 de Marzo, que tiene como objetivo construir datos que visibilicen las desigualdades económicas con perspectiva de género. No solo actualiza las principales brechas del mercado laboral y los ingresos. Analiza también el presupuesto aprobado por el Congreso y el impacto del Modelo Miei en la actividad económica, deteniéndose en el impacto diferencial de la reforma laboral en mujeres.

Como punto de partida, el mercado de trabajo sigue siendo el principal escenario de segregación. A partir de los datos que surgen de la EPH, se verifica que la tasa de actividad de las mujeres (52,6%) se mantiene 17,5 puntos por debajo de la de los varones. Pero el dato más alarmante surge de la calidad del empleo y en la brecha de ingresos. La informalidad escala al 38% en las mujeres, superando la tasa de informalidad de los varones (35,5%). Y, sin dudas, el dato más preocupante es la brecha salarial, que llega al 40% entre las personas asalariadas que trabajan en la informalidad.

Al estratificar la población por niveles de ingresos (deciles), se observa una asimetría de género crítica en la base de la distribución. Las mujeres presentan una sobrerrepresentación del 64,2% en el primer decil, el segmento de mayor vulnerabilidad y menores recursos. Este dato revela una profundización de la brecha respecto a los niveles registrados en el mismo periodo de 2024 (61,4%), consolidando un proceso de feminización de la pobreza.

Esta brecha de ingresos se explica en parte por los sectores de actividad en los que mujeres y varones se insertan, lo que se denomina segregación horizontal en el mercado de trabajo. Se observa una alta concentración de mujeres en ramas de actividad vinculadas a tareas de cuidado, como salud, educación y trabajo doméstico, históricamente peor remuneradas, y como contracara, menor participación en los sectores de mayores salarios.

Empleo e ingresos

Muestra de ello es el trabajo en casas particulares, sector altamente feminizado (98,81%) y caracterizado por tener una alta tasa de informalidad y los salarios más bajos de la economía. Además, el empleo en casas particulares depende, en gran medida, del poder adquisitivo de los hogares empleadores. Cuando los ingresos se deterioran a nivel general, el servicio doméstico remunerado suele ser uno de los primeros puestos en riesgo. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, se perdieron 22.436 puestos en el sector, sumado a una caída del 35,2% en el salario real.

Asimismo, en las actividades de enseñanza y salud, también existe una marcada feminización (73,11% y 70,9% de participación respectivamente). Las docentes sufrieron el impacto de la eliminación, por parte del gobierno nacional, del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 12% del salario. Por el contrario, en sectores de mayores ingresos, como la industria y la minería, las mujeres sólo representan el 27,07% y 16,16% respectivamente. Esta distribución desigual en el mercado laboral garantiza que las mujeres permanezcan en los estratos de menores ingresos de la economía.

A esto se suma la brecha en trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres destinan, en promedio, 3 horas más por día que los varones al trabajo no remunerado de cuidados, lo que limita su inserción plena en el mercado laboral.

Así entonces, se genera una espiral de desigualdades. La carga inequitativa en la responsabilidad sobre las tareas domésticas y de cuidado no remuneradas limita el tiempo disponible para insertarse en el mercado de trabajo, empujando a las mujeres hacia empleos más informales y peor remunerados.

Mientras la pobreza se feminiza, la riqueza se masculiniza. A medida que avanzamos en los deciles, observamos una relación inversa: conforme los ingresos aumentan, la presencia femenina se diluye hasta caer al 37% en el decil superior. El 63% del sector de mayores ingresos está compuesto por varones. Esta brecha de ingresos en los deciles más altos de la población, se puede leer también desde el análisis de la política tributaria: las mujeres representan solo el 32,8% de quienes tributan Bienes Personales, un impuesto que la actual gestión ha reducido a su mínima expresión, y el 30% de quienes pagan impuesto a las Ganancias. A su vez, sus bienes y sus ganancias valen menos en promedio que la de los varones. Esto se traduce en una enorme brecha patrimonial.

Impacto libertario

En materia presupuestaria, el gobierno nacional consolidó en el presupuesto 2026 el desmantelamiento de las políticas públicas con perspectiva de género iniciado en 2024. En el área de programas presupuestarios que buscan cerrar brechas de ingresos, el más significativo es el ajuste de la Prestación Alimentar (-17,26%) y el fuerte ajuste en la Moratoria Previsional (-41,71%). Los tres programas principales destinados a reducir brechas laborales (Potenciar Trabajo, Registradas y Potenciar Inclusión Joven) fueron eliminados de cara al Presupuesto 2026.

El conjunto de programas destinados a proteger a víctimas de violencia de género sufrió un ajuste global del 86,5% respecto a 2023. En cuanto a brechas de salud: La Educación Sexual Integral (ESI) fue desmantelada con una caída del 98,0%, quedando sin crédito para 2026. Mientras que, en el caso de Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable el ajuste alcanza un 20,9%. Debido a la decisión del gobierno nacional de paralizar la obra pública, los programas Infraestructura Social, del Cuidado y Sanitaria y Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes fueron eliminados.

Por último, nos adentramos en el impacto negativo de las políticas económicas llevadas adelante por la actual gestión nacional sobre las mujeres y diversidades, haciendo especial hincapié en la reforma laboral aprobada el 27 de febrero del corriente año.

Reforma laboral

Las políticas para las adultas mayores dibujan un panorama crítico. Por un lado, 9 de cada 10 mujeres no podrán jubilarse tras el veto a la moratoria, siendo derivadas a la PUAM (que paga un 20% menos y exige 5 años más de edad). Por otro lado, la jubilación mínima (con bono) se encuentra un 18,3% por debajo de los niveles del trimestre septiembre a noviembre de 2023. Las jubilaciones y pensiones explican el 23,1% del ajuste total del gobierno. Este ajuste fue efectuado, principalmente, a través del congelamiento del bono otorgado a los jubilados de la mínima -donde hay una alta concentración de mujeres-.

El análisis de la reforma laboral, desde una mirada sensible al género, confirma que el ajuste recae con mayor fuerza sobre las mujeres, profundizando asimetrías estructurales. La reforma laboral aprobada en febrero de este año contiene una batería de reformas que buscan la desregulación del mercado de trabajo, el debilitamiento de la representación colectiva y una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia el capital.

En materia de derechos para las personas gestantes, la reforma laboral redefine la forma en que se responde frente a los despidos discriminatorios. Con anterioridad, una trabajadora despedida por motivo de embarazo podía reclamar la nulidad del despido y exigir su reincorporación al puesto de trabajo. En el esquema actual, la respuesta frente al despido discriminatorio se canaliza principalmente a través de una indemnización agravada.

Por otro lado, se introduce la creación del banco de horas y flexibilidad horaria. Esto permite que las horas extras sean compensadas con tiempo de descanso en lugar de que sean pagadas, lo que genera incertidumbre en cuanto a disponibilidad horaria e incompatibilidad con la planificación familiar y la gestión de tareas de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre mujeres.

Este escenario de fragilidad se agrava con el debilitamiento del aparato sindical y el ataque directo a la negociación colectiva. Al priorizarse los acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales, se ponen en riesgo -entre otras cosas- derechos como las licencias extendidas de maternidad y paternidad, que históricamente se han logrado mediante la negociación colectiva.

Complementariamente está la derogación de la Ley N° 27.555 que regulaba el Teletrabajo. Al quedar sin efecto, se elimina la única normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

Otro de los puntos regresivos en materia de derechos laborales es la extensión del período de prueba para trabajadoras de casas particulares, esto es, la posibilidad de desvinculación sin indemnización pasando de 15 días a 6 meses.

Por último, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), compuesto por aportes mensuales de los empleadores equivalentes al 1% de grandes empresas y 2,5% de pymes del salario de cada trabajador financiados con una rebaja equivalente de las contribuciones patronales al SIPA significan un costo fiscal para el sistema previsional del 0,37% del PBI, 4,6 veces el costo de la moratoria previsional que el gobierno vetó bajo el argumento de la “sostenibilidad”.

En conclusión, el modelo económico actual no sólo ignora las desigualdades preexistentes, sino que las refuerza con políticas de ajuste. Los datos confirman que las políticas económicas implementadas por esta gestión recaen con mayor fuerza sobre las mujeres, profundizando asimetrías estructurales y consolidando lo que especialistas denominan la “feminización de la pobreza”.

Dolores Castellá, Aldana Denis y Agustina Pereira son integrantes del Observatorio de Género de CEPA

 



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