JUJUY

Solicitaron reunirse con Lello Sánchez

Atentaron contra la vivienda de un miembro de la comunidad indígena Las Capillas

Mientras continúa la disputa territorial con un terrateniente, comuneros y comuneras se reúnen en asambleas para decidir acciones, oportunidad aprovechada por sus empleados para arremeter contra sus miembros

Atentaron contra la vivienda de un miembro de la comunidad indígena Las Capillas

 

Son reiteradas las denuncias de avance de privados sobre el territorio de comunidades indígenas de Jujuy y el último caso excedió los límites cuando el sábado un miembro de Las Capillas del Pueblo Ocloya sufrió un atentado contra su vivienda.

Se trata de Marcos Farfán, un comunero de 80 años quien sufrió destrozos en su casa mientras participaba de una asamblea comunitaria, además de la sustracción de elementos personales.

Fueron el Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya (CDCAPO) en conjunto con la OPINOA (Organizaciones de Pueblos Indígenas del NOA) que salieron a repudiar y denunciar el lamentable hecho.

Señalando que todavía se encuentran evaluando los daños sufridos, también subrayando que desde el año 2014 se vieron incrementados los hechos de violencia por parte del terrateniente de apellido Falcón.

Según indicaron desde ambas organizaciones, los empleados además de las amenazas y agresiones contra los miembros de la comunidad también llevaron a cabo el cerramiento de paso, alambradas, restricción de circulación de ganado en zonas de pastoreo y quita de las tomas de agua.

Asimismo, con este último hecho expusieron que deja en claro que existe “a inseguridad jurídica en que se encuentra la Comunidad, por los continuos intento de despojo, atropellos y actos de vulneración de derechos de los Pueblos Indígenas, atentando y violando la ley 26160 y sus prorrogas, la Constitución Nacional, (art. 43 y 75 inc. 17 y 22), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por ley federal 24.071, Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras concordantes y vigentes en el Estado Argentino”.

Y recordaron que la comunidad de Las Capillas cuenta con el Relevamiento Territorial de la Ley 26.160 como así también cuenta con Personería Jurídica emanado desde el RENACI-INAI, por lo que posee un respaldo jurídico para que su desalojo (aprobado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia quede suspendido).

Conjuntamente, volvieron a remarcar que los hechos de violencia sufridos anteriormente por parte de comuneros, tal como ocurrió el 8 de diciembre del año pasado, cuando Victoria Colque recibió golpes y fue maniatada “por 2 matones” quienes la amenazaron para que abandone el territorio.

Cabe mencionar que el último sábado participaron de la asamblea organismos nacionales junto a representantes de distintos pueblos indígenas, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos. Durante el encuentro, la comunidad de Las Capillas expresó su preocupación por las constantes amenazas de desalojo que sufren.

Todos los organismos y representantes presentes manifestaron su compromiso en la defensa de este territorio y se pusieron a disposición. Entre otras resoluciones se acordó solicitar audiencias al fiscal involucrado en la causa y al jefe de fiscales de la provincia Sergio Lello Sánchez para buscar un reconocimiento de la vigencia de la Ley 26.160 que impide los desalojos a pueblos originarios, lo que podría ser un puntapié para la instalación de una mesa de resolución de conflictos inter institucional para prevenir hechos de violencia ante intentos de desalojo o desalojos de pueblos indígenas como, por ejemplo, los vividos en Palpalá contra la Comunidad Tusca Pacha de Los Alisos el pasado 20 de Octubre.

De la jornada participaron autoridades nacionales de la Secretaria de Derechos Humanos de la nación, del CAJ Centro de Acceso a la Justicia, del Parque Nacional Calilegua, de la SAFCI Secretaria de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Director Nacional de Asuntos Jurídicos del INAI Julián Fernández, la Secretaría de Pueblos indígenas de la provincia de Jujuy, y organizaciones como ANDHES, APDH, OPINOA, MNCI, Consejo de Pueblos Llankaj Maki y autoridades de diferentes comunidades indígenas de la provincia de Jujuy y de provincias vecinas.



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