JUJUY

Marcaron que no hubo una actitud de beligerancia en la comunidad

Iniciaron acciones legales contra el gobierno provincial por el violento desalojo en Palpalá

Legisladores provinciales y funcionarios nacionales expusieron sobre el accionar policial, indicando que hubo una clara violación de los derechos humanos sobre el colectivo indígena, históricamente vulnerado en sus derechos

Iniciaron acciones legales contra el gobierno provincial por el violento desalojo en Palpalá

En los últimos años en Jujuy se ha observado como se iniciaron negocios en territorios de comunidades indígenas, se puede mencionar el caso del litio, la zona franca, la venta de lotes en la zona de los perilagos como así también alrededor de 2 hectáreas en Palpalá, donde la comunidad de Tusca Pacha el día martes sufrió un violento desalojo realizado por la Policía de la provincia, por lo cual. En este sentido legisladores del Frente de Todos realizaron una denuncia contra el gobierno de Gerardo Morales, y la misma será ampliada.

En conferencia de prensa, referentes de la comunidad damnificada, junto con funcionarios nacionales, legisladores provinciales y municipales, brindaron detalles de lo ocurrido el pasado martes, cuando por orden del juez Jorge Zurueta, se llevó a cabo el desalojo de una de las familias.

Fue la diputada Alejandra Cejas quien comenzó hablando del hecho y adelantó que iniciarán acciones legales contra el gobierno provincial. “Nosotros (por la diputada Fátima Tisera y el diputado Emanuel Palmieri) vamos hacer las denuncias y ampliación de denuncia porque sabemos cual es la situación territorial que se está dando”, en referencia a las 2 hectáreas que la inmobiliaria Sucre quiere despojar de la comunidad indígena.

Haciendo mención pero sin nombrar a Javier Gronda -dueño de la empresa- Cejas subrayó “nunca hemos visto que un desalojo, privado, haya más de 70 efectivos policiales, que haya más de 8 móviles policiales, que se actúe con la violencia que se actúa, que se dispare a civiles indefensos, que se dispare a legisladores provinciales, legisladores comunales, funcionarios nacionales, a los vecinos, civiles que estaban todos desarmados nadie estaba con actitud de beligerancia”.

Frente al accionar policial, desmedido, la legisladora del peronismo apuntó “no vamos a permitir que la policía no cumpla con su rol que es cuidar a la gente, la policía no está para actuar como seguridad privada de ningún funcionario del gobierno de la provincia de Jujuy, a la policía le pagamos nosotros para que nos cuide, no para que nos dispare”.

Y comparó el violento accionar de los efectivos durante el desalojo con lo ocurrido en la marcha para exigir justicia por el femicidio de Iara Rueda.

“Esta situación es la misma que sucedió con las marchas de Iara “había una marcha pacífica pidiendo por justicia y pidiendo para que se busque a las jóvenes que se habían perdido en Palpalá y la policía hizo exactamente lo mismo: disparó a mansalva a gente indefensa y de gente que no estaba armada y esta situación que venimos observando de los actos de violencia extrema que tiene la Policía en la provincia de Jujuy”.

Y recalcó “no vamos a aceptar que en democracia la policía actúe como fuerza represora privada de nadie”.

Al ser consultados por las expresiones del ex gobernador Oscar Perasi hoy funcionario del Gobierno provicnial quién calificó que la toma de tierras es alentada por diputados ocificialistas, el diputado Palmieri contersto que  "sabemos los intereses que defienden. No defienden los intereses de su comunidad, Palpalá, como lo tendrían que hacer, sino los intereses personales del gobernador. Hay que explicar un poco también de leyes, la gente vive ahí desde hace cincuenta años, la posesión vale por título".

Asi también hizop uso de la palabra Anastasia García, Coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, dependiente del Ministerio de AGricultura de Nación y referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI)  quien detalló que  "hace un año atrás la empresa puso una topadora, desarmó dos hectáreas de trabajo comunitario en ese territorio. Lo que se veía en los videos, esa casita si tiene un año de existencia, el horno también, el alambre también porque la empresa hace un año metió una topadora".

 "La comunidad denunció ese desmonte ilegal, el juez Zurueta y los fiscales negaron todas las denuncias de la comunidad, dos notas que el INAES presentó. Es grosero el accionar de la justicia a favor de este empresario".

Por su parte, Juana Mamani presidenta de la comunidad Tusca Pacha comentó que incluso hasta el día de hoy, la empresa continúa arrasando con la producción agrícola que sostienen, mientras que la policía custodia en terreno cuando la topadora se encuentra en el lugar.

Quien también expuso sobre la gravedad de lo ocurrido fue Andrés Deymonaz (uno de los detenidos) quien relató “además que me violentaron físicamente, lo más grave fue lo que hicieron con la comunidad, había niños, había mujeres y ellos estaban ahí porque viven ahí y estaban en todo su derecho de estar ahí porque están en sus casas, tienen sus animales” y quebrado expresó “hoy nos tratan de usurpadores, de extranjeros, de violentos cuando los violentos son ellos, ellos violentaron nuestros derechos”.

En sintonía con los dichos de Deymonaz, Walter Méndez, de la Delegación del INADI en Jujuy comunicó “nosotros desde la delegación nos acercamos porque fuimos interpelados por la comunidad, nos acercamos para velar de que no se violen los derechos humanos”.

Sobre este punto, el funcionario consideró “la verdad que fue terrible, porque así como nos están contando a nosotros, fue una exagerada violación de los Derechos Humanos, vemos que este gobierno es responsable de esa violación y creemos que eso se manifestó expresamente en la violencia institucional ejercida contra la comunidad indígena”.

Además, agregó que esto se da sobre un “colectivo históricamente discriminado que son las comunidades indígenas”.

Para finalizar la diputada Tissera afirmó que como diputados tienen la obligación de estar presentes en este tipo de situaciones para velar por la seguridad del pueblo. “No se puede tergiversar los hechos diciendo que se avala una usurpación de terrenos es lo más inadecuado que pudo haber salido de funcionarios. Tratar de desinformar a la comunidad. Y vamos a seguir poniendo el cuerpo para defender a las comunidades originarias porque elegimos estar de su lado”.